Detenido un directivo de Caja Laboral por colaborar con la trama financiera de ETA

La investigación considera que el director del Departamento de Auditoría Interna de la Caja Laboral Popular, entidad financiera del Grupo Mondragón Corporación Cooperativa, habría utilizado su cargo para alertar a personas relacionadas con la banda terrorista ETA de acciones policiales y judiciales contra sus bienes. Gracias a su cargo de máximo responsable en el Departamento de Auditoría en el que se gestionan los diversos requerimientos que la autoridad judicial dirige a dicha entidad y que tienen relación con la organización terrorista ETA-KAS-Ekin.

Así, Mallagaray alertaba a los implicados del interés de la Justicia y la Policía sobre sus personas o bienes, estableciendo, a su vez, los mecanismos precisos para tratar de hacer ineficaz cualquier acción legal contra los mismos. De esta forma, el detenido procedía a la utilización de personas interpuestas o cancelación de cuentas, relacionadas con la banda terrorista ETA. En la intervención policial, los agentes realizaron cuatro registros. Los tres primeros en las instalaciones de la sede central de la Caja Laboral Popular en Mondragón, en la sede común de la Herriko Taberna Izar Gorri Kultur Alkartea y la sociedad anónima Askalde de Mallabia (Vizcaya).

Mientras que el cuarto registro se realizó en el domicilio del directivo de la entidad financiera. Entre los bienes incautados en la operación se halla diversa documentación y material informático, que la Policía procederá a analizar. Caja Laboral difundió un comunicado en el que destaca la 'total transparencia' de la entidad. Explica que la policía ordenó el bloqueo de las cuentas personales de Mallagaray y se solicitaba información de una cuenta correspondiente a «una asociación cultural» (se trata de la herriko taberna «Izar Gorri Kultur Alkartea») en la que él estaba autorizado y de la que era presidente.

El fiscal recurre el archivo de la querella contra Otegi
La Fiscalía recurrió ayer ante el Tribunal Supremo el archivo de la querella que interpuso contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por unas manifestaciones realizadas en Francia, en un escrito en el que se pregunta que si la apología no es también un delito de terrorismo, «¿qué es exactamente?». El Ministerio Público muestra su «preocupación institucional» porque el auto de archivo «pueda servir de vehículo para proclamar una doctrina con importantes consecuencias jurídicas», como la negación de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar este delito o las repercusiones sobre otras figuras incluidas en el capítulo del terrorismo, como la violencia callejera.