Los ministros de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y de Exteriores,
Federico Trillo, durante una comparecencia extraordinaria conjunta
en el Congreso de los Diputados dieron detalles sobre la operación
de desalojo de los militares marroquíes instalados en Perejil y
exponer los pasos que va a seguir el Gobierno a partir de ahora en
sus relaciones con Marruecos. Con el fin de restablecer en Perejil
el «statu quo» anterior al pasado jueves, cuando un destacamento
marroquí ocupó la isla, España ya está realizando «intensísimas
gestiones» diplomáticas, según recalcó Trillo, que defendió la
operación militar española de ayer como un acto de «legítima
defensa y que había sido atacada», que cuenta con el «aval» de la
comunidad internacional. Trillo reveló que 28 soldados del Grupo de
Operaciones Especiales de Tierra de Rabassa (Alicante) que
desalojaron «al alba» a los seis militares marroquíes establecidos
en la isla.
La ejecución de esta operación, autorizada anteanoche por el
presidente del Gobierno, José María Aznar, se decidió tras
comprobarse la «inutilidad definitiva» de las gestiones
diplomáticas, y se desarrolló como una «acción conjunta» de los
tres Ejércitos, coordinada por la Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa y con información al Rey. Entre los factores que
caracterizaron esta operación, Trillo mencionó la sorpresa, el
éxito inmediato y una acción «limpia», diseñada para no causar
bajas a ninguna de las partes, con órdenes de limitar el uso de las
armas de fuego a los «estrictos supuestos de defensa propia», y
ejecutada con «serenidad y calma». En opinión del ministro, ha
quedado «claro» que la «agresión» marroquí «violaba» las normas del
Derecho Internacional y las reglas de la buena convivencia con un
país vecino y también que «España había sido atacada por la fuerza
en un punto sensible de su geografía».
El Gobierno desea poner fin a la presencia militar en Perejil
«lo antes posible», según indicó Palacio, pero para ello necesita
tener garantizado el restablecimiento del «statu quo» anterior al
pasado jueves, de modo que la Guardia Civil pueda seguir usando la
isla, como «desde 1960», para labores de persecución del
contrabando y tráfico de drogas y, en su caso, contra la
inmigración ilegal. Palacio subrayó la disposición del Gobierno a
hablar con Marruecos de todos los temas, pero no de Ceuta y Melilla
ni de las islas y peñones españoles en el norte de Àfrica, y
explicó que habló esta mañana, después del desalojo de Perejil, con
su colega marroquí, Mohamed Benaissa, y expuso la intención de
España de desalojar Perejil si Marruecos se compromete a no
reocuparlo.
A juicio del Ejecutivo, el artículo 2 de la Carta de la ONU
obliga a los Estados al arreglo pacífico de sus controversias, pero
Marruecos no sólo no respondió de inmediato a las peticiones de
aclaraciones de España, sino que, cuando lo hizo, contestó que no
se retiraría de la isla. Además, se produjo «una escalada» en la
presencia militar marroquí, con la sustitución ayer de gendarmes
reales por infantes de Marina, que comenzaron a levantar una
estructura permanente en lugar de las tiendas de campaña, acto que
Palacio calificó de «provocación».
El Gobierno llamó entonces a consultas al embajador español en
Rabat, Fernando Arias Salgado, y ayer por la mañana el Ejecutivo
«se vio obligado» a ordenar el desalojo. El Gobierno, desde el
primer momento, activó y reforzó «con la intensidad suficiente»
todos los mecanismos para la defensa de Ceuta, Melilla, las islas y
los peñones de soberanía española, así como de Canarias, según
indicó ayer en el Congreso el ministro de Defensa, Federico
Trillo.
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