Imagen del coche bomba que explotó junto a una concurrida parada de autobús.

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La banda terrorista ETA ha vuelto a atentar con un coche-boma que hizo explosión a las 20:30 horas de ayer tarde junto a la casa-cuartel de la Guardia Civil de santa Pola (Alicante). La enorme deflagración causó la muerte de una niña de seis años, hija de un agente de la Benemérita y de un hombre de alrededor de 50 años que esperaba al autobús en una parada próxima al lugar. Además resultaron heridas 40 personas, cuatro de ellas graves.

Pero al margen de la brutal acción criminal de la banda terrorista, las consecuencias políticas de este atentado pueden ser importantes. Todos los partidos a excepción de Batasuna lamentaron el suceso y se solidaron con las víctimas. Pero fue el Partido Popular quien anunció que si la coalición abertzale no condena la acción terrorista de ETA «luchará desde el Congreso y el senado» para lograr su ilegalización.

Se da la circunstancia de que los terroristas no avisaron de la colocación del coche-bomba, lo que impidió a las fuerzas de seguridad que acordonaran la zona y evitar así daños personales, informaron a fuentes del Ministerio del Interior. Según testigos, esa parada de autobús junto a la que explotó el coche tiene una gran afluencia de gente a esa hora, puesto que es a la que parten los autobuses con destino a Valencia y a Elche.

La Cruz Roja instaló un hospital de campaña junto al lugar, y allí se atendió a los cuatro heridos graves y a los leves que causó el atentado.
La gravedad de esta nueva acción terrorista obligó al ministro del Interior, Angel Acebes, a trasladarse al lugar del atentado, el primero que vive desde su llegada a esta cartera.

José María Aznar siguió desde su residencia veraniega en Menorca el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el atentado y se mantuvo en «contacto permanente» con el vicepresidente primero y ministro de Presidencia, Mariano Rajoy, y Acebes.