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La querella contra el juez Garzón por parte del Gobierno vasco ha provocado las críticas del Ejecutivo central. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, tachó la decisión de Ibarretxe de «absurda y puramente política» y dijo que en un Estado de Derecho no hay nadie que tenga capacidad para declarar nulo el auto de un juez, a excepción de otra instancia judicial superior.

El ministro de Justicia, José María Michavila, dijo no entender cómo un Gobierno y un partido político, en referencia al PNV, no encuentran nunca ocasión para luchar decididamente contra el terrorismo y sí para poner obstáculos al Estado de Derecho. Los socialistas criticaron también la decisión vasca. El secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, acusó al Gobierno vasco de «minar los cimientos del Estado de Derecho» con su querella. En la otra banda, se encuentra IU. Llamazares dijo comprender la decisión de Ibarretxe si bien hubiera preferido que se plantease un conflicto de jurisdicción.