El Gobierno vasco se querella contra Garzón por prevaricación en el «caso Batasuna»

El Gobierno vasco estima que las decisiones relativas al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación que Garzón ha ido tomando mediante autos, «que ha ido corrigiendo sucesivamente», suponen «una restricción infundada e ilegítima de las normas aplicables del ordenamiento en vigor y contradicen palmariamente la interpretación que sobre las limitaciones impone la Convención Europea de Derechos Humanos, a las que se encuentra vinculada». Según explicó Imaz esa «vulneración» es «patente», porque se está llevando a cabo «fuera de los cauces legales y sin observancia de las garantías mínimas establecidas para proteger un derecho fundamental que es básico para una sociedad democrática, ya que es esencial para la formación de una opinión pública libre».

El Consejo de Gobierno estima que la actuación de Garzón ha generado una situación de «inseguridad jurídica», ya que «no sólo vacía de contenido las atribuciones que la legislación vigente confiere al Departamento de Interior como autoridad gubernativa, sino, lo que es más grave, supone una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna a personas y colectivos que no están encausados en los procesos ni tienen que ver con esa organización».