La Fiscalía Anticorrupción considera que existen «pruebas y datos
fácticos» que demuestran que UDC se financió ilegalmente a través
del desvío de las subveciones otorgadas a la Conselleria de Trabajo
para impartir cursos de formación ocupacional, según un informe de
la Fiscalía, por el que solicitó a la juez pinchar el teléfono de
diversos testigos e imputados. La titular del Juzgado de
Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, levantó ayer el
secreto de sumario del 'caso Pallerols', referente a la presunta
financiación irregular de UDC.
En el informe de la Fiscalía, se afirma que existen «indicios de
que gran parte» de los cursos de formación ocupacional de la
Conselleria de Trabajo que se debían haber llevado a cabo con las
subvenciones otorgadas a la Conselleria de Trabajo no se llegaron a
realizar. Añade la Fiscalía que se falsearon «listas de asistencia
de alumnos a fin de aparentar su regularidad, en el desvío de un 10
por ciento del importe anual de las subvenciones percibidas» por la
sociedad CEI, del empresario andorrano Fidel Pallerols, a la
«financiación» de UDC.
La Fiscalía añade que estas afirmaciones están basadas en
«pruebas y datos fácticos claros y tienen por objeto hechos y
delitos indudablemente graves» y no son «meras conjeturas o
sospechas». En el escrito del fiscal se afirma que los hechos
cometidos por los imputados del 'caso Pallerols' pueden ser
constitutivos de delitos de «fraude de subvenciones, prevaricación,
malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de
influencias», según señala en un informe la Fiscalía, por el que
solicitó a la juez que investiga el caso que fueran pinchados los
teléfonos.
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