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La Demarcación de Menorca del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB) no quiere más filtraciones a la prensa sobre la tramitación de los expedientes abiertos a los profesionales implicados en el 'caso Villarubí': los técnicos municipales de los Ayuntamientos de Maó y Ciutadella, Francesc Vilarrubí y José Luis Casasnovas, así como sus firmones Nando Pons Vidal y Roberto Marín, que se ampliaron después al arquitecto catalán Joan Vigorós y al técnico de Es Castell, Joan Josep Tomàs Saborido.

La delegación menorquina ha recordado a sus colegiados a través de una circular que deben abstenerse de difundir información al exterior sobre el estado de los expedientes incoados a los seis profesionales implicados y respetar, asimismo, la presunción de inocencia de los técnicos investigados.

Los nuevos estatutos aprobados recientemente por el COAIB aportan la base de esta petición, que pretende, por encima de todo, evitar nuevos escándalos mientras dure el proceso.

El artículo 89.6 del nuevo marco estatutario del que se han dotado los arquitectos señala, textualmente, que «en tanto un expediente no estuviere concluso y la imposición de una sanción no sea firme, deberán ser respetados todos los derechos del colegiado interesado, incluso el de la no difusión, ni accidental, ni intencionada, de la sanción impuesta, ni siquiera del hecho de estar sometido a expediente disciplinario».

La propuesta de sanción redactada por los instructores Pedro Ríus y Mariano Barceló contempla la inhabilitación de un año para el ejercicio de la profesión a los técnicos municipales de Maó, Francesc Vilarrubí, y Ciutadella, J. L. Casasnovas, y sus firmones Nando Pons y Roberto Marín.