El PSOE presentó ayer por fin la anunciada querella por la crisis
abierta en la Asamblea de Madrid. La denuncia socialista apunta a
los dos diputados traidores, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez; su
mentor, José Luis Balbás; el número dos del PP de Madrid, Ricardo
Romero de Tejada; y los constructores Francisco Vázquez y Francisco
Bravo. En dicha querella, además de pedir prisión preventiva para
los dos diputados electos, se menciona por primera vez desde el
PSOE una operación urbanística en Villaviciosa de Odón. Balbás
aseguró que él se incorporó a esta operación cuando el terreno ya
estaba recalificado.
La querella del PSOE contra estas seis personas es por un
supuesto delito de cohecho continuado, que podría ser ampliada a
otras personas en el transcurso de la instrucción. Los querellados,
explican los socialistas, conforman «una trama de corrupción
política» que el fin de entregar la Presidencia de la Comunidad de
Madrid al PP mediante «un golpe a la democracia».
Entre las medidas que el PSOE solicita al Tribunal, para evitar
la destrucción de pruebas o nuevos actos de cohecho, está la
prisión provisional para Tamayo y Sáez, así como la suspensión
temporal de su condición de diputados electos. Esto supondría que
ambos diputados electos perderían dicha condición y serían
sustituidos por los dos siguientes de la lista del PSOE mientras la
Justicia resuelve la cuestión.
El PSOE pretende que la Justicia actúe con rapidez, ya que «de
nada valdría una magnífica sentencia dentro de cinco años», en
palabras de Diego López Garrido. Los socialistas también critican
que el Fiscal General del Estado no se haya pronunciado aún sobre
este asunto. «Parece una tortuga paralítica cuando se trata de
temas que afectan negativamente al Gobierno», dijo López
Garrido.
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