La Fiscalía General del Estado ha presentado una querella ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el presidente
del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por lo que considera un
delito de desobediencia ante la negativa de la Cámara a disolver al
grupo Sozialista Abertzaleak (SA).
La parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Jone Goirizelaia,
intervino con normalidad en el pleno que celebra el Parlamento
Vasco, después de que el presidente de la Cámara, Juan María
Atutxa, rechazase la petición del PP para que no otorgase la
palabra al grupo de la antigua Batasuna.
Esta querella se produce después de que el Parlamento vasco no
haya ejecutado la disolución del grupo SA, la antigua Batasuna, en
contra de lo que ordenó el Tribunal Supremo. De hecho, ayer mismo
el grupo «abertzale» ha intervino en el pleno de la Cámara.
La querella también va dirigida contra el vicepresidente primero
del Parlamento vasco, Gorka Knorr (EA), y la secretaria segunda de
la Cámara, Kontxi Bilbao (IU-EB). Tras conocer la querella, tanto
Atutxa como Knorr y Bilbao se mostraron «tranquilos» y se
mantuvieron en sus posiciones.
La Fiscalía considera a los querellados coautores de un delito
de desobediencia previsto y penado en el artículo 410 del Código
Penal, «al existir una abierta negativa, concluyente aunque
enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la hábil dirección
del Sr. Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa,
cuyo cumplimiento había sido reiterado, emanada de un órgano
judicial competente».
Tras conocer la querella, el presidente del Parlamento Vasco,
Juan María Atutxa, mostró su «más absoluta perplejidad»
Atutxa también acusó al Ministerio Fiscal de haber cambiado de
criterio, ya que en un informe de la fiscalía del 28 de noviembre
para los autos del juez Baltasar Garzón de suspensión de Batasuna,
el Ministerio Fiscal dijo, según Atutxa, que «si los acuerdos de
las respectivas instituciones parlamentarias lo que sostienen es la
imposibilidad de ejecutar los autos de 26 de agosto y 6 de
septiembre del 2002, difícilmente se podrá imputar a quienes los
adoptaron la intención o voluntad de no querer cumplirlos».
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