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EFE-SAN SEBASTIÀN
El portavoz del ejecutivo vasco, Josu Jon Imaz, acusó ayer al presidente del gobierno, José María Aznar, de compartir una «práctica de actuación política» similar a la mantenida durante años por HB al tratar de «quitar legitimidad» a la cámara vasca como «foro de debate de proyectos políticos democráticos», como el que representa el plan Ibarretxe. Imaz, que ofreció una conferencia de prensa en San Sebastián en la que reiteró que el Gobierno vasco «está convencido» de que el recurso contra el plan Ibarretxe presentado por el gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) «no debe ser admitido ni siquiera a trámite», aseguró que Aznar representa «peligro» para la democracia española.

Agregó, en este sentido, que para impedir que haya «luz y taquígrafos» sobre el contenido de la propuesta, el gobierno popular «intenta evitar su debate en sede parlamentaria». Alertó, igualmente, a la sociedad española de que lo que está en juego es «el sistema de garantías y libertades en el Estado español» y no si se apuesta por «más o menos nacionalismo o más o menos autogobierno» para Euskadi.

«Aznar constituye un auténtico peligro para España y está siendo capaz de tensionar al límite a la sociedad vasca, con los riesgos que ello tiene, tratando de evitar incluso el diálogo y el debate político por intereses personales y partidistas», aseguró, lo cual es, a su juicio, «un peligro para la sociedad vasca, para la española y para la propia democracia del estado español». Acusó al ejecutivo central de impulsar una campaña de «manipulación y mentira» dirigida a presentar el plan Ibarretxe a la sociedad española como una iniciativa de «secesión y ruptura», cuando, a su juicio, «no es más que un proyecto de convivencia y reforma del autogobierno».

Consideró que el gobierno popular «quiere endosar el debate político al ámbito judicial», cuando, en su opinión, el plan Ibarretxe no tiene «efectos jurídicos» hasta que sea aprobado, en su caso, por el Parlamento Vasco y las Cortes Generales, lo cual, a su juicio, impide que el TC se pronuncie sobre el mismo.