La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A
Coruña), María Jesús Souto, decretó el embargo de bienes y cuentas
de la armadora del «Prestige», Universe Maritime LTD., a la que ha
imputado como responsable civil directo de la catástrofe ecológica
que ocasionó el vertido del petrolero.
Esta medida preventiva, que podrá ser recurrida, respalda la tesis
defendida por la Abogacía del Estado, que era partidaria de ir
contra el entramado empresarial existente en torno al petrolero.
Souto, que con esta decisión ha dado un vuelco al proceso
judicial, exige el pago de una fianza de más de 87 millones de
euros para garantizar «las posibles responsabilidades pecuniarias y
que se afiancen y aseguren sus bienes allí donde se encuentren»
para hacer frente a los gastos derivados del vertido.
La juez considera que existen indicios de que el capitán del
petrolero, el griego Apostolous Mangouras, no actuó sólo, sino que
lo hizo con el respaldo de su empresa, informaron fuentes
jurídicas.
Por este motivo, ha decidido imputar a la armadora, como
solicitó el Ministerio Fiscal, por entender que ésta «es quien
controla las incidencias durante la navegación del barco, negocia
el rescate y a quien se dirigen todas las pretensiones
posteriores».
Para avalar la implicación de los propietarios del «Prestige»,
la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión aduce
«las continuas comunicaciones» entre el capitán del barco y la
empresa armadora que es quien «asume en todo momento el control de
los hechos». Entre las pruebas aportadas para adoptar esta
decisión, y que la Abogacía del Estado considera cruciales, destaca
el vídeo tomado desde el helicóptero de la Xunta «Pesca II» en el
momento en que el «Ría de Vigo» acudió a remolcar al petrolero.
En el auto, la juez sostiene que ha decidido adoptar las medidas
cautelares ante el riesgo de que la sentencia que recaiga en el
procedimiento no se pueda ejecutar o resulte ya ineficaz por el
paso del tiempo en el que se tramite.
De esta forma, señala que existen motivos «más que suficientes»
para determinar la mora, entre ellos el hecho de que el Estado
español lleva pagadas indemnizaciones por más de 87 millones.
La titular de este juzgado coruñés pide que la medida cautelar
se ejecute mediante el embargo de bienes y activos financieros,
cuentas corrientes, dinero en efectivo y otros muebles o inmuebles
de que pudieran ser propiedad de la armadora.
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