Poco antes de conocer la decisión de la magistrada, que se
posicionado en contra de la acusación y de la Fiscalía, el fiscal
jefe explicaba que su posición era la de pedir prisión preventiva
para el teniente y para uno de los agentes implicados. Según dijo,
esta postura se debe a «la utilización de medios agresivos y
violentos en la reducción del detenido y por una posible
extralimitación en sus funciones». Para el abogado de la acusación,
la medida no es justa y por eso la recurrirá, aunque entiende que
es «razonable» mientras persistan las dudas sobre la rotura del
esternón de la víctima mortal de este trágico suceso. La Asociación
Unificada de Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria del cuerpo,
reclamó el cese del director general del Instituto Armado, Carlos
Gómez Arruche, por su 'silencio vergonzoso' al tratar de ocultar
los hechos sucedidos en el cuartel almeriense de Roquetas de Mar.
En caso de que no se produzca este cese, la AUGC aseguró que
responsabilizará de este asunto directamente a los ministros de
Defensa e Interior.
Sobre los nueve agentes, en todo caso, sigue vigente la
suspensión de seis meses que decidió el Ministerio de Defensa.
Tanto el teniente como uno de los agentes, para los que la Fiscalía
pidió prisión preventiva, tendrán que comparecer ante el juez los
días 1 y 15 de cada mes. Los otros siete agentes ni siquiera
tendrán esta obligación. El abogado de los guardias civiles,
Gustavo Arduán, aseguró que el teniente se encuentra con
«satisfacción contenida» por la decisión de la juez de decretar
libertad provisional y sin fianza. En todo caso, el procedimiento
continúa. Arduán arremetió con dureza contra el ministro del
Interior, José Antonio Alonso, al que pidió que dimita porque «se
ha dedicado a través de filtraciones a los medios desde su propio
Ministerio a alentar y echar leña al fuego».
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