La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, junto a Nicolás Redondo Terreros.

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La sesión de control al Gobierno se convirtió ayer en un cruce de acusaciones entre PSOE y PP en torno a las informaciones que hablan de una posible negociación con ETA.

Durante la sesión celebrada en el Congreso, el dirigente del PP Angel Acebes afirmó que la no ilegalización de EHAK a pesar de la apertura de un procedimiento judicial y de que la policía ha aportado «cientos de folios con pruebas que acreditan que EHAK y Batasuna son lo mismo» es un «incumplimiento escandaloso» de la Ley de Partidos.

«No tiene explicación, salvo que (sea verdad) lo que esta semana informaban los medios de comunicación, que ustedes estaban negociando una tregua y pagando un precio político por anticipado que consiste en permitir la vuelta de la legalidad de Batasuna a través de EHAK», dijo.

El secretario general del PP incluyó en ese «pago por anticipado» la ruptura del Pacto Antiterrorista, así como «enterrar la Ley de Partidos, y lo próximo parece que el acercamiento de presos y la entrega a Ibarretxe de la política penitenciaria».

«A todo esto el fiscal general y el presidente del Gobierno lo llaman el final de ETA, cuando lo que de verdad se llama es la claudicación del Estado», añadió Acebes, quien afirmó que «el Gobierno está ocultando a los ciudadanos lo que se trae entre manos».

En su respuesta, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que «hoy por hoy, no hay ninguna novedad en materia de lucha antiterrorista». También dijo que el Ejecutivo esperará a que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska concluya la investigación abierta para determinar si el PCTV se constituyó en su sucesor de Batasuna para, «en su caso, tomar las decisiones que procedan y actuar en consecuencia».