Comenzó el juicio contra Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi
Bilbao por no disolver el grupo heredero de Batasuna en el
Parlamento vasco. Los tres declararon ante el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco que no hubo voluntad de desobedecer la
orden del Supremo y que incluso buscaron soluciones al problema a
pesar de considerarlo «una invasión» de las competencias de la
Cámara.
Ninguno de los tres acusados quiso responder a las preguntas de
Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, «por dignidad».
Sí hablaron ante el fiscal y ante su defensa. Atutxa fue el primero
en declarar y aseguró que «no tenía ninguna vía para dar
cumplimiento» a la orden del Supremo de disolver Sozialista
Abertzaleak. Según dijo, hicieron «todos los esfuerzos posibles»
aunque consideraron que la orden judicial supone «una invasión de
la soberanía del Parlamento» y que el Supremo «había ido demasiado
lejos».
La base que utilizaron los tres para defenderse fue el informe
que realizó en noviembre de 2002 Jesús Cardenal, cuando era Fiscal
General del Estado, para justificar su postura, que fue la de
impulsar el caso.
Miembros de PNV, EA y Ezker Batua, como ya sucedió cuando
declararon por primera vez ante el juez, se congregaron a las
puertas del Palacio de Justicia de Bilbao para aplaudir y arropar a
los acusados, una escena que se repitió también a la salida.
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