El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó anoche las enmiendas
de totalidad al proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE)
presentadas por PP y CiU. El resto de fuerzas parlamentarias
votaron en contra tanto de la enmienda de los 'populares' con texto
alternativo como de la petición de CiU de devolver la reforma al
Gobierno, a pesar de que muchas de ellas encuentra fallos y
deficiencias en el texto del Ejecutivo, que esperan que mejore en
el trámite parlamentario.
Con 180 votos en contra y 131 a favor -únicamente del PP- se tumbó
la enmienda de los 'populares', que proponían un texto alternativo
con muchas medidas de la 'paralizada' Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE) y algunas novedades, así como una memoria
económica que cifraba el coste de la reforma en 7.221 millones de
euros para 2007-2010.
CiU también rechazó la enmienda del PP pero el Grupo Popular
apoyó la devolución del texto al Ejecutivo del grupo catalán.
La enmienda de CiU, que pedía la devolución de la futura ley al
Gobierno por entender que es «excesivamente reglamentista», no
cuenta con consenso ni resuelve algunos «retos» del sistema
educativo, se rechazó con 171 votos en contra y 139 a favor -de CiU
y PP-.
En defensa de la enmienda de totalidad del PP, la secretaria de
Política Social y Bienestar de los 'populares', Ana Pastor, aseguró
que se trata de una «oferta» a la sociedad, el mundo educativo y el
Gobierno «para mejorar la Educación». Así, invitó a la ministra de
Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, a aceptar sus
«razonables» propuestas, como ya propuso el presidente del PP,
Mariano Rajoy, al del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sin
que el Ejecutivo se moviera -a su juicio- «ni un milímetro».
la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, valoró, al
término del debate en el Pleno, las «coincidencias» mostradas -a su
juicio- por los grupos parlamentarios sobre la reforma,
principalmente en la necesidad de un sistema educativo de calidad
con equidad, la relevancia de aportaciones presupuestarias para la
Educación y el reconocimiento social y profesional de los
profesores.
San Segundo, que defendió el proyecto, advirtió que promover una
educación de calidad «sin equidad» para todos «sería un fraude que
no nos podemos permitir».
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