El Ejecutivo considera probada la implicación de Moto en acciones
«contrarias a los fines y principios» de la ONU, al realizar «una
serie de actividades de planificación y organización de actos
violentos en Guinea» que incluyen «la recluta de mercenarios y el
tráfico de armas», según constataron en octubre diversos informes
de los servicios de seguridad e inteligencia españoles.
En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo
de Ministros, Fernández de la Vega señaló que la revocación de la
condición de asilado que Severo Moto posee desde marzo de 1986 se
ha adoptado «de acuerdo con la legislación reguladora de la
concesión del estatuto de asilo y del estatuto del refugiado»,
reformada en 1994, así como de conformidad con la Convención de
Ginebra.
El acuerdo adoptado ayer por el Ejecutivo resuelve el expediente
de revocación del asilo concedido a Severo Moto en marzo de 1986
que abrió a principios del pasado noviembre el Ministerio del
Interior, ante la «presunta implicación» del autoproclamado líder
del Gobierno de Guinea Ecuatorial en «la organización y preparación
de actividades no pacíficas o violentas» en su país.
Ya entonces, el Gobierno de Zapatero precisó que, si finalmente
decidía revocar la condición de asilado político a Severo Moto,
líder del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), «en
ningún caso» se le enviaría a su patria ni a otro Estado en el que
pudiera ser perseguido, sino que se buscaría «un país seguro» al
que llevarlo.
Tras recoger la notificación del Ministerio del Interior en la
que se le comunicaba la apertura del expediente, Moto afirmó que
deseaba tener tiempo para buscar él mismo «dónde ir» antes de que
le «echaran» de España, si bien aseguró que, en ese caso, prefería
ir a Guinea Ecuatorial para que le mataran allí, antes de que le
mataran «a escondidas» en un tercer país.
El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo de Arístegui,
afirmó que «no es prudente por parte del Gobierno» revocar el
estatuto de refugiado político al opositor ecuatoguineano Severo
Moto, pero admitió que éste ha cometido «graves errores» y ha hecho
«acusaciones muy graves» contra España. El portavoz insistió en la
posición del PP de que la medida del Gobierno «carece de suficiente
prudencia y reflexión».
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