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La cumbre multilateral que reunió ayer en el Congreso al Gobierno y a los partidos catalanes que respaldan el proyecto de Estatuto de Catalunya permitió alcanzar un acuerdo sobre la definición de las competencias que comparten el Estado y la Generalitat.

La medida tendrá excepciones, según señala la nueva redacción, «en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el Estatut», como, por ejemplo, las circulares del Banco de España.

Este acuerdo modifica la redacción del artículo 111 del texto del Estatut, que define las competencias compartidas. Para el Gobierno dicha modificación era fundamental porque, afirmó el portavoz socialista en la Cámara Baja, Alfredo Pérez Rubalcaba, en conferencia de prensa, encaja en la Carta Magna un artículo que, según salió del Parlament de Catalunya, contenía «elementos de inconstitucionalidad» y alteraba el cuadro de las competencias.

La nueva redacción de este artículo, acordada tras esta segunda cumbre multilateral de la negociación del Estatut -la primera tuvo lugar en Barcelona a finales de diciembre-, incorpora un «mínimo común normativo en normas con rango de ley» a partir del cual el Estado «fija» las bases de las competencias compartidas con la Generalitat.

Además, como destacó el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, esta modificación implica que la Generalitat se compromete a desarrollar por ley el contenido de esas competencias.

Los representantes de los partidos políticos catalanes también pusieron el acento en la modificación del citado artículo del texto.

Para la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, la reunión ha permitido dar «un paso muy importante» en la delimitación de las competencias.

Duran i Lleida afirmó que el nuevo redactado «tapona una de las vías de penetración, de invasión y de usurpación de competencias que se había hecho en contra de la Generalitat», mientras que su homólogo de ICV, Joan Herrera, apostilló: «El Estado dejará de meter las narices en las competencias compartidas».