Los tránsfugas no podrán ser incluidos en listas electorales ni ser utilizados para mantener o cambiar mayorías, para lo cuál se creará un listado de tránsfugas, según una de las nueve cláusulas de la 'adenda' al Pacto Antitransfuguismo, suscrita ayer por el conjunto de los partidos políticos.
En comparecencia ante los medios, en representación de todos los partidos, y tras presidir la firma del acto, Sevilla recordó que esta 'adenda' no es la primera modificación del Pacto, suscrito en 1998, y aprovechó la ocasión para «romper una lanza» a favor de los concejales que «trabajan honradamente en defensa de sus ciudadanos y para mejorar las condiciones de vida de los mismos».
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, señaló que con este acuerdo «estamos mejor armados, con mejores instrumentos y con mayores compromisos para que esa garantía que el sistema democrático tiene que dar a los ciudadanos esté mejor afinada de lo que lo estaba hasta ahora».
Insistió en que el transfuguismo es un fenómeno minoritario, y los casos vinculados a motivaciones distintas a las estrictamente políticas e ideológicas «aún son más minoritarios» ya que no llegan al 3%, «lo que significa que el 97% de los Ayuntamientos funcionan bien».
No obstante, el ministro destacó la obligación de los poderes públicos y de los partidos de «poner cada vez más difícil las cosas a los corruptos».
Explicó que uno de los objetivos del acuerdo es «dejar más claro cuando se dan casos de transfuguismo o no», en relación a la creación de una Comisión de Expertos independientes.
Así, dijo que esta Comisión estará constituida por «un grupo de hombres y mujeres buenos, personas imparciales, con conocimientos jurídicos pero también de sentido común».
Además, se endurecen las sanciones para los tránsfugas «y para quienes se pueden beneficiar políticamente de éstos».
El acuerdo suscrito ayer por los partidos establece que cuando se detecten indicios de comportamientos ilícitos en términos penales, se trasladen las circunstancias del caso a la Fiscalía Anticorrupción para que intervenga.
«A partir de hoy los ciudadanos pueden estar más tranquilos respecto al firme compromiso que la democracia y los partidos tienen con ellos para favorecer una vida municipal limpia y honesta», concluyó Sevilla.
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