El Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF alcanzaron ayer un acuerdo sobre el Estatuto del Empleado Público, que establecerá condiciones homogéneas para los 2,5 millones de funcionarios, entre las que destaca el derecho a la negociación colectiva y a la supresión de la temporalidad.
Con este Estatuto se pretende que la continuidad de los puestos de trabajo de los funcionarios dependa de lo que se haga en éstos, de forma que una parte de la retribución vaya ligada al desempeño.
En rueda de prensa conjunta, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mostró su «enorme satisfacción» por un acuerdo que recoge de manera formal un aspecto previsto en la Constitución que hasta ahora «no se había regulado» y que, tras ser ratificado por los órganos sindicales y superar los trámites parlamentarios, entrará en vigor a principios de 2007.
Este punto de vista fue compartido por los sindicatos, que consideraron «satisfechas» varias conquistas sociales, como el derecho a la negociación colectiva, a la supresión de la temporalidad, la mejora de las condiciones salariales y el reconocimiento de la carrera profesional.
Sevilla aseguró que el texto respeta las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios, si bien contiene las condiciones «mínimas homogéneas» para todos los funcionarios del Estado, que permitan «mejorar y modernizar» la Administración Pública.
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