OTR PressMadrid29/07/06 0:00
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La Ley de Memoria Histórica ya es una realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley, del que no figura un nombre específico, para compensar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. La principal novedad será la creación de un Consejo elegido por el Parlamento que permitirá este colectivo solicitar compensaciones individuales en un plazo de un año.

Son dos los informes que ha estudiado el Consejo de Ministros para cumplir el mandato del Parlamento con un proyecto de ley que cuenta con una memoria económica de 60 millones de euros.

Además, el Gobierno ha prohibido la presencia de símbolos franquistas en edificios de la Administración central y recomienda a ayuntamientos y comunidades autónomas que hagan suya esta prohibición.

El primero es un análisis general sobre la situación de las víctimas (localización e identificación, símbolos y monumentos y la situación de colectivos específicos). El segundo se centra en la situación de los archivos públicos, incluyendo los procedimientos de acceso a los mismos o la protección de datos.

Para obtener la reparación moral de los afectados, la norma aprobada por el Gobierno prevé la creación de una comisión interministerial para instruir los expedientes de los ciudadanos que soliciten rehabilitación moral y un Consejo, designado por el Parlamento.

Este organismo sería el que está legitimado para decidir sobre dicha reparación moral. Tendrá cinco miembros, personas de reconocido prestigio y su aprobación requerirá una mayoría de tres quintos, lo que obligará a los grupos parlamentarios a consensuar los nombres.

A esta comisión podrán dirigirse todas aquellas personas que no están satisfechos con la rehabilitación general. Las declaraciones de reconocimiento individual se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno ha optado por esta vía, sobre la que se habían interesado unas 15.000 personas, rechazando la anulación de los juicios sumarísimos. El motivo es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja muy clara la imposibilidad de aplicar las leyes con carácter retroactivo. Además, es «menos costoso» para los ciudadanos desde el punto de vista judicial.