La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Gobierno ya ha iniciado contactos con los países que constituyen la frontera sur de la UE para celebrar una cumbre en Madrid antes de que finalice el presente mes, en la que abordarán el tema de la inmigración masiva e ilegal.
El PSOE propuso ayer al PP un pacto de Estado en materia de inmigración, que los 'populares' condicionaron al cambio de política del Gobierno.
Según De la Vega, junto a España acudirán al encuentro Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Malta y Eslovenia. El objetivo de la reunión, según la vicepresidenta, es que los ministros de Defensa e Interior discutan propuestas para mejorar la gestión de las fronteras marítimas, «lo que contempla labores de patrullaje, vigilancia, salvamento, rescate, identificación, retorno y repatriación».
Además, la vicepresidenta anunció que el presidente Rodríguez Zapatero incluirá el tema de la inmigración en su agenda de contactos internacionales, de manera que se tratará en la cumbre de Helsinki los días 10 y 11 de septiembre, en la cumbre hispano-alemana del día 12 y en la cumbre informal de líderes de la UE del próximo mes de octubre. También está previsto que el jefe del Ejecutivo trate la cuestión con el Rey de Marruecos y con el primer ministro del país vecino en las próximas semanas.
«No existe una política común europea de inmigración y hay que crearla», señaló ayer De la Vega, quien añadió que es «evidente» que algunos países no ven ese problema de forma «apremiante» como hace España, pero recordó que «cuando un cayuco llega a Canarias está llegando al mismo territorio europeo en el que está Helsinki, Londres o París».
Representantes el dEjecutivo se reunirán la semana que viene con las ONG y los agentes sociales implicados en inmigración. Además, el próximo jueves el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, acudirá al Congreso para hablar sobre la cuestión.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, apostó ayer por llegar a un pacto de Estado en inmigración con el apoyo del PP, aunque lamentó que para el principal partido de la oposición, «cualquier acuerdo con el Ejecutivo es malo». Según apuntó López Garrido, se trata de algo que va más allá de España y la posición del país es mucho más fuerte si está respaldada por todas las fuerzas políticas.
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