En cuanto a los otros seis, para cuatro de ellos -Jean Claude Aguerre, Haizpea Abrisketa, Egoitz Apaolaza y Francisco Javier Urrutia-, Garzón ordenó prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para los tres primeros y de 24.000 para el cuarto, mientras que otros dos -Iban Berasategui y Xabier Albisu- fueron puestos en libertad nada más comparecer ante el juez.
A ocho de los detenidos a los que envió a prisión, entre los que destacan los dirigentes de Batasuna Joseba Permach, Rufino Etxebarría, Juan José Pretrikorena y Juan Cruz Aldasoro, el juez les acusa de reiterar en el delito de pertenencia a banda armada por el que ya se encuentran procesados en sumarios en los que se investiga el entorno etarra, mientras que a los diez restantes les imputa por primera vez la comisión de este delito.
Garzón adoptó esta decisión después de que los fiscales Carlos Bautista y Juan Moral pidieran prisión para dieciocho de los 23 detenidos y fianza de 10.000 euros para otros tras interrogarles, aunque, a excepción de los dos que quedaron en libertad, todos ellos se negaron a declarar.
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