El Consejo de Ministros aprobó ayer la privatización del 30 por ciento de la gestión aeroportuaria de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), así como la participación de Madrid y Cataluña en la gestión de Barajas y El Prat, respectivamente.
La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, explicó que el nuevo modelo mantendrá una clara mayoría estatal para garantizar mediante la gestión en red la seguridad y calidad del servicio, la cohesión territorial y la autonomía financiera de los aeropuertos, que se financian con las tasas que pagan los pasajeros y las compañías.
El nuevo modelo implicará la escisión de AENA en dos entidades empresariales estatales diferenciadas, de tal forma que por un lado quedará la navegación aérea y por otro, la gestión de los aeropuertos.
Para encargarse de los aeropuertos se creará una sociedad anónima, cuyo capital será en principio cien por cien de AENA, si bien se pondrá en manos de la iniciativa privada el 30, con lo que el 70% restante seguirá siendo de titularidad pública.
Esta decisión del Gobierno central fue ayer criticada de forma unánime por el Govern, UM, PP y Cámara de Mallorca, por entender que Balears es la gran perjudicada por esta estrategia.
El conseller de Mobilitat, Gabriel Vicens, afirmaba ayer: «Balears necesita la cogestión, porque es un elemento clave para dinamizar nuestra economía y al sector aéreo».
La Cámara de Comercio se muestra contraria a la privatización, así como UM y el PP, calificando la actitud de ZP «como una auténtica bofetada del Gobierno a Balears».
UM y PP exigen un cambio y piden al president Francesc Antich que actúe en consecuencia por esta «discriminación».
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