El presidente del PP, Mariano Rajoy, y las principales asociaciones de jueces criticaron ayer la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Tras presidir la reunión del Comité Ejecutivo de su partido, Rajoy dijo que no es partidario de «reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga», por considerar que es algo que «no conduce a nada».
Las asociaciones judiciales cuestionaron que se investigue judicialmente el número de desaparecidos durante la dictadura franquista. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Jimeno, ve difícil que prospere la investigación de Garzón y que ésta pueda concluir en una acusación por delito. Según el representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales. El portavoz de la APM -mayoritaria en la carrera judicial- recordó que una investigación penal tiene que estar enmarcada en unas coordenadas de concreción y desarrollarse sobre la base de unos hechos que presenten apariencia delictiva.
Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, hizo hincapié en que le causa sorpresa que se abra la vía penal para la identificación de personas o de fosas, cuando esto «perfectamente se podía ver en la vía administrativa y haber un impulso político para esta materia». Por su parte, la Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional se dirigió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las «injustas y arbitrarias» opiniones que, a su juicio, vertió ayer 'El Mundo' sobre la decisión de Garzón.
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