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La crisis económica volvió a repercutir en el empleo y, como consecuencia, en septiembre aumentó el paro en 95.367 personas, con lo que el desempleo afectó a más de 2'6 millones de trabajadores, la mayor cifra desde mayo de 1997. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que la subida del paro es «un dato malo» pero aseguró que el Gobierno está adoptando medidas y ha situado el inicio de la recuperación económica en el segundo semestre de 2009.

Desde septiembre de 2007, el paro se ha incrementado en 608.005 personas (30'14%) y, en relación a agosto de este año, ha subido en todos los sectores: 56.897 parados más en servicios, 15.160 en el colectivo sin empleo anterior; 14'241 en la construcción; 7.002 en la industria y 2.067 en la agricultura.

El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, calificó al Gobierno de «desnortado y desconcertado» y criticó su falta de seriedad ante la «sangría» que produce el aumento del desempleo. Montoro, además, advirtió de que los partidos que apoyen los Presupuestos para 2009 serán «cómplices» de llevar a España a su «mayor deterioro de la actividad y del paro de la historia reciente».

Extranjeros
El desempleo en septiembre afectó a ambos géneros, con 56.541 hombres parados más que en agosto y 38.826 mujeres, así como a los más jóvenes (30.111) y a los mayores de 25 años (65.256). También aumentó entre los extranjeros, con 18.572 desempleados más, especialmente por el incremento del paro en el sector servicios (11.680) y la construcción (2.546 más, hasta sumar 88.710).

La CEOE considera que las medidas adoptadas por el Gobierno para impulsar la actividad económica son insuficientes y le acusa de mantener políticas centradas en el gasto, en lugar de concentrar los esfuerzos en la reactivación de la economía y en la flexibilización de las condiciones laborales. Sin embargo, los líderes de CCOO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez rompieron una lanza en favor de dichas medidas y consideraron importante mantener la protección social para los trabajadores y su poder adquisitivo.