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Las asociaciones judiciales mantienen las protestas del 18 de febrero y la posible convocatoria de una huelga el 26 de junio tras una reunión con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en la que éste anunció que se destinarán este año otros 20 millones de euros a la modernización tecnológica.

Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) agradecieron a Bermejo el «buen tono» en el que transcurrió las siete horas de reunión, pero le reprocharon el bajo «nivel de compromiso» mostrado.

Por su parte, el titular de Justicia consideró que «no se justifica» el mantener las movilizaciones anunciadas para el próximo mes «con el clima» que ha reinado en el encuentro, que ha calificado de «bueno y de respeto institucional».

Fuentes de su departamento destacaron el «extraordinario esfuerzo» que, en un escenario de crisis económica, supone el incremento en un 30% de los 72 millones que ya había presupuestados para este año para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia. «Sabemos que no se puede mejorar y modernizar la Administración de Justicia por separado», subrayó Bermejo. Los representantes de las asociaciones judiciales acudieron ayer al Ministerio con las ocho demandas contempladas en la tabla reivindicativa consensuada el pasado día 12. Bermejo se mostró de acuerdo con la supresión de traslado forzoso por ascenso y añadió que ya está previsto arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales y que se reduzca el número de funcionarios interinos en los Juzgados «y existan funcionarios titulares bien preparados».

Las asociaciones, sin embargo, consideraron insuficiente el nivel de compromiso mostrado por el ministro respecto a la devolución a los jueces de la facultad de señalar las vistas "que la reforma legal aprobada por el Gobierno atribuye a los secretarios judiciales" y al incremento de la planta judicial.

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró ayer que si los jueces finalmente secundan las protestas «sin precedentes», el Gobierno será el «principal responsable».