El ex jefe del aparato militar de ETA Jurdan Martitegi, detenido el pasado 18 de abril en Montauriol (Francia), pretendía atentar contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por considerar que éste les estaba «jodiendo la vida» con sus investigaciones sobre los partidos afines a la banda.
Fuentes de la lucha antiterrorista afirmaron que en uno de los documentos intervenidos a Martitegi tras su detención se puede leer la siguiente frase, referida a Baltasar Garzón: «Este hijo de puta nos está jodiendo la vida».
El etarra, según las fuentes consultadas, aludía a la decisión del magistrado de suspender las actividades de formaciones políticas como Demokrazia 3 Milioi (D3M) o Askatasuna, que pretendían concurrir a las elecciones autonómicas vascas celebradas el pasado mes de marzo.
En la documentación intervenida a Martitegi, según informaba ayer el diario El País, figura un plan para asesinar a Garzón con un veneno introducido en una botella de coñac que le sería enviado como regalo de un falso admirador.
El documento requisado a Martitegi, según el diario, señala que el envenenamiento se planteaba como un desafío a las medidas de seguridad del juez y preveía extender el ataque a otros magistrados como Fernando Grande-Marlaska o Santiago Pedraz.
Martitegi es el autor del atentado que acabó en Legutiano (Àlava) con la vida del guardia civil Juan Manuel Piñuel y accedió a la jefatura de los comandos de ETA tras las detenciones de sus antecesores Garikoitz Azpiazu, «Txeroki», y Aitzol Iriondo, «Gurbitz».
En otro orden de cosas, la Fiscalía pidió ayer al Tribunal Supremo que no admita la querella del sindicato Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por su actuación en el caso de las desapariciones en el franquismo, aunque recuerda al magistrado que desde un principio mantuvo su falta de competencia para investigar.
El fiscal Luis Navajas solicitó así al Supremo que admita el recurso de súplica contra su decisión de admitir a trámite la querella presentada por el sindicato ultraderechista.
La decisión fue recurrida por Garzón, quien negó haber prevaricado al declararse competente en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y recordó que ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron la decisión como «extravagante, absurda o esperpéntica» o como constitutiva de un delito de prevaricación.
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