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El Parlament de Catalunya aprobó la Ley de Educación, la primera norma educacional de la historia de la comunidad autónoma, gracias a los votos a favor de PSC, CiU y ERC, y el apoyo parcial de ICV-EUiA. Por su parte, el PP rechazó por completo la nueva legislación y C's en la mayor parte del texto. El acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas de la región, PSC y CiU, tiene el objetivo de que esta ley cree un marco duradero para la enseñanza catalana.

La primera Llei d'Educació de Catalunya (LEC) fue aprobada ayer con el respaldo del 90% de los parlamentarios (PSC, CiU y ERC), así como con el apoyo parcial de ICV-EUiA y el rechazo del PP y de C's. La nueva normativa se basa en la autonomía de las escuelas en la construcción de su proyecto educativo y en el control de calidad por parte de la Administración. Durante el pleno, el conseller de Educación, Ernest Maragall, explicó que la ley aportará un modelo «abierto y diverso para los catalanes» que defenderá la equidad en las aulas.

Al margen de su importancia para el sistema educativo, la ley ha provocado las discrepancias dentro del tripartito, ya que los ecosocialistas votaron en contra de los títulos IV y XII, referentes al Servicio Educativo de Catalunya y a la financiación de las escuelas de titularidad privada sostenidas con fondos públicos. Incluso, se abstuvieron en el preámbulo y votaron en contra de algunos artículos y en dos disposiciones adicionales. Además, el PSC y ERC votaron en contra de las enmiendas de ICV-EUiA y de los votos particulares.

El PSC y CiU, los dos grupos parlamentarios con mayor representación en la cámara catalana, han negociado esta legislación con el objetivo de que se convierta en el marco duradero de la enseñanza catalana a lo largo de 15 ó 20 años. Entre los principales puntos que caracterizan la LEC, destaca la autonomía de las escuelas en la construcción de su proyecto educativo y en que la Administración se encargará de evaluar el nivel de la educación a través de controles de calidad.

Fuera del Parlament, la LEC ha contado con el rechazo frontal que ha suscitado entre los sindicatos de docentes y la oposición más moderada de otros miembros de la comunidad educativa como asociaciones de padres y alumnos. Durante el más de año y medio de elaboración del documento y la tramitación parlamentaria, la ley ha servido para justificar cuatro convocatorias de huelga entre los docentes de la escuela pública.