El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer, sin ningún voto en contra y con el respaldo de las comunidades socialistas, Canarias, Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta, el nuevo modelo de financiación autonómica, que el PP no se ha atrevido a rechazar porque les reporta más recursos. Tras más de cuatro horas de reunión, el CPFF aprobó la propuesta del Gobierno, que, según sus vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves, mejorará e igualará la financiación per cápita de todas las comunidades, aumentará la corresponsabilidad fiscal y permitirá el acceso de los ciudadanos a los servicios fundamentales vivan donde vivan.
Salgado y Chaves resaltaron que el modelo no haya tenido ningún voto desfavorable y que con él todas las autonomías ganan y ninguna pierde porque todas se acercan a la media, tanto las que se situaban muy por encima como las que estaban por debajo. El acuerdo ha salido adelante con los votos favorables de las siete comunidades del PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Castilla-La Mancha, Catalunya y Extremadura), más Cantabria (PRC-PSOE), Canarias (CC-PP) y la ciudad autónoma de Ceuta, gobernada con mayoría absoluta por el PP.
Las seis comunidades gobernadas por el PP -Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana- se abstuvieron, al igual que la ciudad autónoma de Melilla. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, había manifestado ayer por la mañana su criterio de votar en contra aunque estaba abierta a otra posibilidad si «una instrucción de la dirección nacional» ordenaba otro sentido del voto. La instrucción llegó en la línea de la abstención.
Al acabar el Consejo, el responsable de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, señaló que «lo único bueno que tiene el nuevo sistema es que aporta más recursos a las comunidades». «Pero ha sido una abstención muy crítica», aseguró Camps, idea en la que ha profundizado el consejero madrileño de Hacienda, Antonio Beteta, quien lamentó los términos en los que se ha aprobado el sistema, porque «es perjudicial» para España y está lleno de «inconsistencias».
«Que hay más dinero sobre la mesa es verdad, pero no se reparte de modo justo ni equitativo; que ha habido tortura estadística es un hecho, porque para conseguir que un catalán valga lo que dos madrileños ha habido que torturar mucho las cifras», criticó. Dejó claro, sin embargo, que si no ha votado en contra es porque existía una orden expresa de Génova: «Lo puedo decir más alto pero no más claro», señaló.
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