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Tras los dos últimos atentados en Burgos y Mallorca, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, advirtió ayer al Gobierno de que movilizará a guardias civiles y familiares para exigir que se corrijan las «graves deficiencias» que, a su juicio, existen en materias de seguridad en las casas cuarteles y en otras dependencias del instituto armado.

«La forma en la que se han perpetrado los dos últimos atentados son simplemente impensables en cualquier otro cuerpo de seguridad de nuestro ámbito», denuncia la asociación en una nota hecha pública ayer.

En el texto, la AUGC también exige chalecos antibalas, inhibidores de frecuencia y otras formas de protección individual. Asimismo, esta asociación critica que las condiciones de trabajo en algunos acuartelamientos son «tercermundistas».

Ante esta situación, la AUGC asegura que no quieren «más discursos, ni más fotos en sepelios solemnes. Demandamos de los poderes públicos el imprescindible respaldo a nuestro esfuerzo».

Pero estos agentes van más allá y en la nota amenazan con «denunciar públicamente esa negligencia» si no se atienden sus demandas.
De hecho, aseguran que «si fuera necesario, en tanto no sean atendidas, movilizaremos de forma masiva a los guardias civiles y a sus familias, pues somos el único cuerpo policial donde, gracias a las casas cuarteles, ellas también se convierten en objetivo criminal».

Además, la AUGC ya ha presentado ante el Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional una querella criminal contra los autores, aún desconocidos, de los atentados contra la casa cuartel de Burgos y el que costó la vida en Mallorca a los agentes Carlos Enrique Sainz de Tejada y Diego Salvá Lezaun.

Sin embargo, ésta no será la única querella que presentará la asociación, que ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra todos aquellos miembros de la organización terrorista que denuncien tortura o malos tratos y sus causas sean archivadas.