Efebarcelon01/11/09 0:00
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CDC y PSC han decidido suspender de militancia a sus políticos encarcelados por la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, que ayer provocó un cisma en Badalona (Barcelona), donde el alcalde pidió la dimisión del consejero delegado de la sociedad pública Marina Badalona SA.

Dos día después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretara el viernes prisión para los principales implicados, CDC anunció que mañana suspenderá temporalmente de militancia a dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

En rueda de prensa, el portavoz del grupo de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, anunció la decisión de suspender de militancia, de forma temporal, a ambos militantes, ya que «su inocencia será mejor defendida y demostrada» fuera del partido.

El viernes, justo después de conocerse el auto de Garzón, el PSC ya anunció que mañana lunes suspendería de militancia "en este caso sin ser de forma temporal" al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; al concejal Manuel Dobarco "ambos encarcelados" y también al director de Servicios Pasqual Vela "con una fianza de 25.000 euros", y que les pediría que renuncien a sus cargos.

Marina de Badalona
En el auto, Garzón señala que el consejero delegado de la sociedad pública Marina de Badalona, Juan Felipe Ruiz, era el contacto badalonés del cerebro de la trama, Luis García, lo que llevó ayer al alcalde, el socialista Jordi Serra, a pedirle que abandone su cargo.

Marina de Barcelona SA, presidida por Serra, es una sociedad mercantil participada al 50% por el Ayuntamiento de Badalona y por el Consejo Comarcal del Barcelonés, y que ahora está siendo investigada por la compra-venta por parte de este ente de un solar en el puerto deportivo, en una operación llevada a cabo entre los años 2002 y 2004.

Quince meses después de adquirir el local, Marina de Badalona lo vendió a Espais "presidida por el también imputado Luis Casamitjana" y Procam, con una revalorización «considerable», según Garzón, de forma que «el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o 'conseguidores'», entre ellos Luis García, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.