Tanto el Comité Ejecutivo como la Junta Directiva de la CEOE, reunidos este miércoles, la manifestaron su respaldo de manera unánime, reconociendo así la labor que Díaz Ferrán está realizando al frente de la organización y «su eficacia y esfuerzo permanente en la defensa de los intereses empresariales», según aseguró la patronal, que precisó que el apoyo de la Junta a Díaz Ferrán «se tradujo en un cerrado aplauso».
El presidente de la CEOE agradeció el apoyo recibido por sus colegas y destacó su voluntad de seguir «empleándose a fondo» en la defensa de las ideas y de los objetivos empresariales. En este sentido, manifestó su intención de continuar buscando «siempre el consenso y la unidad empresarial».
Este gesto de Díaz Ferrán de poner su cargo a disposición de los órganos de gobierno de la patronal se produce después de que Caja Madrid confirmara que le he abierto un expediente por el impago de un crédito de 26'5 millones de euros, que podría derivar en la destitución del presidente de la CEOE como consejero de la entidad financiera.
La entidad que preside Miguel Blesa ha remitido un escrito al copropietario del grupo Marsans y presidente de Air Comet para avisarle de que ha iniciado la ejecución de dicho crédito y de que el artículo 23 de los estatutos de la caja contemplan el impago de deudas vencidas y exigibles como causa de destitución del consejo.
Pero ésta no es la única noticia que, en el ámbito empresarial, está afectando al presidente de la CEOE. También están las informaciones financieras de Air Comet, de la que es presidente. La empresa debe seis nóminas a los trabajadores (y 16 millones de euros a la Seguridad Social por el impago de dichas nóminas) y está en negociaciones para su venta de la compañía Air Transport. Díaz Ferrán llegó incluso a confesar que, con el objetivo de salvar la aerolínea, había hipotecado su casa. Asimismo, hace unos días, se conocía que Trapsa, empresa también propiedad de Díaz Ferrán y concesionaria del transporte urbano en Guadalajara, había sido condenada por un Juzgado de Guadalajara a cumplir con lo pactado y abonar los incrementos salariales acordados para 2009, del 3%, tras una demanda de conflicto colectivo promovida por CCOO.
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