Los controladores mantienen la postura de no declarar ante el fiscal

Europa PressMadrid10/12/10 0:00

Los seis controladores aéreos citados a declarar esta mañana ante la Fiscalía de Madrid en calidad de denunciados han mantenido la postura de sus compañeros de acogerse a su derecho constitucional de no declarar al estimar que se les debe interrogar en el marco de la jurisdicción militar con motivo de estar movilizados desde el pasado sábado tras la militarización del espacio aéreo español, han informado fuentes fiscales.

A su salida de la Audiencia, los controladores han abandonado las dependencias acompañados de sus abogados y se han negado a contestar a las preguntas de los medios informativos congregados en esta sede judicial.

Respecto a su situación, el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha estimado que no procede solicitar ninguna medida cautelar contra ellos, puesto que lo considera «desproporcionado» e «injusto» respecto a sus otros compañeros.

La Fiscalía de Madrid mantiene las declaraciones del próximo lunes en las que se interrogará a otros ocho controladores por un delito de sedición. No obstante, prevé remitir la próxima semana la denuncia ante los Juzgados ordinarios para que les tome declaración un juez, así como la documentación obtenida estos días a través de las diligencias practicadas.

COORDINACION DE LAS BAJAS MASIVAS

Según las mismas fuentes, las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar.

Desde la Fiscalía han confirmado que, el mismo día 3, una dotación del Suma se trasladó a una de las Torres de Control del aeropuerto de Madrid-Barajas tras recibir una llamada, dando la baja médica a ocho controladores tras diagnosticarles un estado de estrés.

En la rueda de prensa de ayer, Esteban insistió en que la Fiscalía de Madrid seguirá investigando a través de la policía. El fiscal se mostró contrario a que esto se investigue por la jurisdicción militar al estimar que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto por el caos aéreo.