Rosell, presidente de la CEOE, durante la rueda de prensa para hablar de la reforma de la negociación colectiva. | FERNANDO ALVARADO

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El Gobierno envió ayer el borrador del proyecto de negociación colectiva a todos los grupos del Congreso y a los sindicatos. El texto se aprobará por decreto mañana viernes. La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, calificó el texto de «acta notarial muy fiel» del acuerdo «no escrito» que hubo en la mesa de negociación la semana pasada entre patronal y sindicatos y que finalmente fracasó.

Según este texto, se facilita a las empresas la no aplicación del convenio en determinadas ocasiones, así como la creación de un mecanismo de desbloqueo, medida mediante el cual se obliga a pactar previamente el modo de superar problemas entre empresa y sindicatos. Entre otros aspectos, se da prioridad a los convenios negociados en la empresa y se prorrogan 20 meses los convenios que expiren. Asimismo se acepta que un mínimo del 5% de la jornada de trabajo (la CEOE pedía el 15%) se pueda distribuir de manera irregular a lo largo del año.

El Gobierno afirmó que ha encontrado «receptividad» entre los grupos del Congreso al borrador. Sin embargo, Rodríguez reconoció también que «es muy pronto» para saber con qué apoyos parlamentarios contarán tras cerrar con el BNG la ronda de contactos, en la que también participó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Receptivos

La secretaria de Estado confió en que todos sus interlocutores hayan podido valorar que el borrador «pretende ser ese acuerdo que no fue» y «llevar a un texto de ley algo que querían empresarios y sindicatos y que finalmente se les rompió» por «la razón que fuera», zanjó. De los grupos han recibido «atención y dudas técnicas», incluido el PP, que por el momento ha declinado comentar qué le parece el texto, y al que Rodríguez encontró «receptivo», según dijo.

Tras su aprobación del borrador mañana por parte del Gobierno, el texto «no tardará mucho» en llegar al Congreso, aseguró la secretaria de Estado. Rodríguez explicó que el proyecto trata de generar «una negociación más dinámica, ágil y rápida», pero que ello no suponga la pérdida de derechos de los trabajadores ni de cobertura de la negociación colectiva.

Con este objetivo se establecen plazos para denunciar el fin de la vigencia del convenio anterior, para constituir la comisión negociadora, y para la renegociación, fortaleciendo al tiempo los mecanismos de mediación y arbitraje. Con ello, según el Gobierno, «ganamos seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas». Por otra parte, el texto trata de salvar las dificultades actuales en las relaciones laborales reguladas por convenios colectivos provinciales o sectoriales. Así, aquellas empresas que tengan convenios que regulen de forma diferente la cuantía del salario, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, y el abono y compensación de las horas extraordinarias, tendrán prioridad para aplicarse frente al convenio colectivo provincial o sectorial.