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El juez del caso Palma Arena y la Fiscalía Anticorrupción continúan con el análisis de la documentación obtenida en los diversos registros efectuados recientemente en Barcelona y Valencia sobre las actividades del Instituto Nòos, que presidía Iñaki Urdangarín, sobre quien gravitan las pesquisas.

El duque de Palma, quien ayer leyó una declaración a Efe para lamentar el perjuicio que el caso está ocasionando a la Casa Real, no ha sido todavía inculpado en la causa, ni se ha decidido su citación para tomarle declaración, si bien diversos medios periodísticos han apuntado que ambas cosas se producirán a principios de 2012.

Aunque se han conocido algunos pormenores de esta investigación, la mayor parte de ella se encuentra secreta y a disposición solo del juez, los fiscales y la policía judicial encargada del asunto, que guardan un total mutismo sobre los detalles investigados para el buen fin de la instrucción y evitar un perjuicio innecesario para las personas que solo son investigadas de momento.

El caso sobre el Instituto Nòos, que la policía ha llamado operación Babel, se inició de rebote al salir sus actividades en el sumario del caso Palma Arena que instruye desde hace años el juez José Castro en torno a numerosos casos de supuesta corrupción detectados durante el gobierno balear de Jaume Matas.

El 22 de julio de 2010, el juez abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nòos, presidido entonces por Iñaki Urdangarín.

Mientras la investigación avanzaba, y se incrementaban los rumores sobre la relación con el caso de Iñaki Urdangarín, el pasado 2 de junio el juez Castro tomó declaración como imputado al exvicepresidente del Instituto Nòos, Diego Torres, quien defendió la legalidad de los convenios firmados por el Govern.

El 8 de noviembre estalló definitivamente el escándalo.

Ese día el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona.

La Policía también registró el domicilio de Diego Torres y recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.

La Generalitat Valenciana tenía firmados dos convenios con el Instituto Nòos por un importe total de algo más de 1,7 millones de euros.

A través de los autos de registros de Barcelona, se supo que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres montaron un «entramado societario» para «apoderarse» de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nòos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.

Según reflejaba el juez en su auto, Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones.

Urdangarín entró en 2003 como administrador de esta entidad sin ánimo de lucro y al año siguiente ostentó el cargo de presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006.

«La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nòos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)», sostiene el fiscal.

El auto añade que de esta manera conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse, rodearse «del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas» de la asociación y «evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos».

Simultáneamente, afirma Anticorrupción, organizaron un «entramado societario» para desviar los fondos públicos y privados que recibían del Instituto Nòos y «apoderarse» de ellos.

«La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba», narra el fiscal, que añade que luego la Administración «simulaba» la contratación de «servicios ficticios» o inflados, de manera que los fondos públicos acababan «en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín».

Estas empresas, registradas en Barcelona en el marco de la operación, son la inmobiliaria Aizoon (propiedad de Urdangarín), así como Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, estas últimas vinculadas a Torres y familiares suyos y que, en muchos casos, comparten sede social.

Este supuesto proceso de desvío de fondos públicos se produjo, según Anticorrupción, en el caso de dos convenios por valor de 2,3 millones de euros suscritos entre el Govern balear y Nòos en 2005 y 2006 para organizar dos congresos de turismo y deporte.

En el caso del primero, por 1,2 millones, el fiscal afirma que Urdangarín y Torres «se concertaron» con el expresidente Matas y el ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester para «beneficiar de forma fraudulenta» al instituto usando un procedimiento administrativo irregular y fijando un precio «totalmente desproporcionado».

El contenido del segundo convenio, añade, es «prácticamente idéntico» y su cantidad, 1,1 millones, se estipuló sin responder a la realidad y se justificó con facturas que, en muchos casos, «responden a conceptos ajenos a los eventos contratados».

El 2 de diciembre se produjo un nuevo registro en la Ciudad de las Artes de Valencia en el que fueron imputados, al menos, los exdirectores José Manuel Aguilar y Jorge Vela.

El expresidente balear Jaume Matas ha pedido a la Audiencia Nacional que asuma el caso debido a que las investigaciones se están ya desarrollando en tres territorios distintos (Barcelona, Valencia y Baleares), pero la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se rechace la solicitud para que siga en Palma.

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