El ministro Montoro no podía disimular su alegría en la rueda de prensa posterior a la reunión con las autonomías. | Ballesteros

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Todas las comunidades, con la única excepción de Asturias, con un gobierno en funciones, han pasado el examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha aprobado los planes de ajuste autonómicos para que su déficit no supere el 1,5% este año, como les exige el Gobierno. En total, las comunidades se apretarán el cinturón y realizarán ajustes que supondrán un ahorro de 18.349 millones de euros, ocho mil más de los previstos inicialmente, 13.071 por la vía de reducción del gasto y 5.278 por la de incrementar ingresos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, visiblemente satisfecho, dijo que el resultado de la reunión es «un paso fundamental para la credibilidad de España» ante sus ciudadanos, sus socios en la UE y ante los mercados.

Montoro informó de la no aprobación del plan de ajuste enviado a Madrid por el Gobierno de Alvarez Cascos, que estará en funciones hasta el próximo día 22, cuando se celebrará el debate de investidura que proclamará al socialista Javier Fernández nuevo presidente del Principado de Asturias.

Quince días

El nuevo Ejecutivo asturiano tendrá de plazo quince días para enviar otro plan, en el que deberá incluirse, según Hacienda, un ajuste de 616 millones. Andalucía fue la otra comunidad protagonista de la reunión, y su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se tuvo que emplear a fondo para convencer a Hacienda del realismo de su plan.

El ministro admitió que las negociaciones con la Junta han durado hasta poco antes de la reunión. Las «discrepancias» con Andalucía se centraban, sobre todo, en una partida de ingresos de 300 millones de euros que provendrían de la UE y que Hacienda no termina de considerar seguros. La Junta se compromete a hacer una reserva por dicho importe para el caso de que esta cantidad no llegue a transferirse desde Bruselas al margen de otros 200 millones que deberá recortar. Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señaló que los 219 millones que Catalunya reclama al Estado en cumplimiento de la liquidación del año 2009, según dispone el Estatut, hay un compromiso de entregar esta cantidad a la Generalitat.

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