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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy el cuarto ajuste a las cuentas públicas para intentar controlar el déficit público desde que, hace seis meses y medio, se instaló en el Palacio de la Moncloa.

Tanto Rajoy como sus ministros habían insistido en los últimos días en la necesidad de nuevas iniciativas para reducir el gasto e incrementar los ingresos del Estado y ante el pleno del Congreso el jefe del Ejecutivo ha desvelado un duro paquete de consolidación fiscal por importe de 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio.

Su primera batería de ajustes llegó por sorpresa en el segundo Consejo de Ministros de su Gobierno, el 30 de diciembre, cuando el Ejecutivo reveló que el déficit público superaría el 8 por ciento del PIB, frente al 6 por ciento previsto.

Entre las medidas aprobadas, destacó un recorte del gasto de 8.900 millones de euros, que afectó a todos los ministerios; la subida del IRPF y del IBI por dos años; la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional; y la congelación del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios, que vieron también ampliada su jornada laboral hasta las 37,5 horas.

Frente a estas medidas inesperadas, ya que no estaban en su programa electoral, mantuvo su promesa de recuperar la desgravación en el IRPF de la adquisición de vivienda habitual -que hoy ha anunciado que se eliminará para los nuevos compradores a partir de 2013- y de prorrogar el IVA del 4 por ciento para la compra de la primera vivienda.

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El 30 de marzo, con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, llegó el segundo paquete de recortes.

El Gobierno, que recogió en ese proyecto el primer recorte de diciembre, cifró el ajuste en 27.300 millones de euros.

Con la intención de recaudar algo más de 12.300 millones, limitó las deducciones en el impuesto de sociedades para las grandes empresas, modificó el impuesto especial sobre el tabaco y dio luz verde a una amnistía fiscal parcial.

No obstante, apenas una semana después, el Ejecutivo anunció a través de un comunicado su intención de ahorrar 10.000 millones de euros en las áreas de sanidad y educación, gestionadas por las comunidades autónomas.

El 20 de abril llegaron así a la mesa del Consejo de Ministro el «copago farmacéutico», el aumento de alumnos por aula y el encarecimiento de las matrículas universitarias.

El cuarto ajuste, de mucho mayor calado que los anteriores, ha llegado hoy y no ha dejado casi ninguna partida intacta.