Un embargo de 5 millones de euros de las cuentas de Reyal Urbis para pagar deudas derivadas de pleitos y la última propuesta presentada a la banca para obtener 30 millones de euros de liquidez adicional han sido los detonantes de este concurso. De hecho, el embargo de las cuentas para hacer frente a los gastos derivados de pleitos contra proveedores propiciaron ayer un consejo de urgencia en la inmobiliaria, según han indicado fuentes conocedoras del proceso.
En la reunión del lunes mantenida con las entidades financieras, a las que la inmobiliaria adeuda más de 3.600 millones de euros, Reyal Urbis también solicitó a los bancos 30 millones de euros para hacer frente a pagos de proveedores y a los intereses de la deuda contraída con la Agencia Tributaria. Y es que, al margen de su pasivo financiero, la inmobiliaria debe además cerca de 400 millones de euros a Hacienda.
Línea de financiación
La materialización de esta exigencia de capital a las entidades acreedoras, se planteó bien mediante una nueva línea de financiación o con la recompra de activos de la compañía. El objetivo de este requerimiento era, según las mismas fuentes consultadas, evitar que algún acreedor solicitase el concurso necesario de Reyal Urbis, lo que retiraría del día a día de la compañía a los actuales gestores, que pasarían a ser sustituidos por la administración concursal.
Ante el rechazo de los bancos a aportar capital y el embargo de las cuentas, la inmobiliaria se ha visto abocada a iniciar los trámites para presentar la que será la segunda mayor insolvencia de la historia de España. Al tratarse de un concurso voluntario, que la compañía aún no ha presentado en los juzgados mercantiles correspondientes, los actuales gestores conservarán las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.
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