El Gobierno quiere un modelo de financiación para que las CCAA tengan más elasticidad para subir o bajar impuestos

El Gobierno hará también públicas las balanzas fiscales para que haya transparencia en los flujos entre el Estado y las autonomías, aunque no pondrá más dinero en la financiación autonómica.

Beteta ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada el pasado miércoles, el Gobierno «invitó» a las comunidades autónomas a hacer sus peticiones sobre los «espacios fiscales» que quieren ocupar y la «capacidad» que podrían tener.

«El momento es el adecuado porque estamos saliendo de la recesión. Si hay elasticidad fiscal que permita que los ingresos sean crecientes y sostenibles, eso puede ayudar a concretar cuáles son los espacios fiscales y cuál es el adecuado reparto del conjunto de los recursos de las comunidades autónomas», ha señalado.

De este modo, el secretario de Estado ha concretado que el Gobierno va a trabajar con las comunidades en un modelo de financiación en el que las autonomías puedan tener una «capacidad fiscal adecuada que no afecte a la competitividad de la economía, que no rompa el mercado único, pero que al mismo tiempo permita avanzar en que haya servicios públicos de calidad y políticas fiscales diferentes».

Derecho a políticas diferentes

Es más, en su opinión, «los españoles tienen derecho a que sus políticos planteen no una política uniforme, sino políticas diferentes que se manifiesten en políticas de gasto que tienen que ser soportadas con los ingresos de ese territorio, no con la bolsa común».

Sin embargo, Beteta no ha querido avanzar qué impuestos en concreto se pueden ver afectados por esta elasticidad fiscal, aunque ha mencionado que uno de ellos podría ser los medioambientales: «No quiero avanzar nada por no limitar a nadie. Nuestro trabajo ahora es escuchar, trabajar con los expertos para que no den su óptica y lo debatiremos conjuntamente».

A su juicio, hay «bases para el optimismo» de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, pero ha dejado claro que de ahí al «realismo» hay «un paso». En este sentido, ha advertido de lo que hace falta es «buena voluntad de todas las partes y las ganas de llegar a un acuerdo».

Para el Gobierno, ha explicado, el fallo más importante del actual sistema de financiación es su «opacidad» y que ninguna comunidad autónoma lo defiende, ni siquiera Cataluña, por lo que es «unánime la petición de cambio». No obstante, ha dejado claro que el Ejecutivo buscará un modelo que no incremente el gasto público.

«Propugnamos un modelo que sea comprensible para todo el mundo, también por los ciudadanos. Ese es el objetivo, que todo el mundo sepa el dinero que está pagando en ese territorio y después aplicar los adecuados mecanismos de solidaridad, que son imprescindibles», ha indicado.

Publicar las balanzas fiscales

Así pues, Beteta ve necesario que se hagan públicas las balanzas fiscales entre el Estado y las comunidades como un elemento más del nuevo sistema de financiación autonómica. Para ello, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las está elaborando «con distintas metodologías».

Por otro lado, el secretario de Estado ha defendido los objetivos de déficit asimétricos aprobados por el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera debido a la «situación dispar» en que se encuentran unas autonomías y otras, y ha rechazado que el Gobierno haya cedido a las reivindicaciones de Cataluña.

De hecho, ha manifestado que si se hubiera optado por un objetivo igual para todas las comunidades, las que el año pasado incumplieron tendrían que reducir su déficit en 2013 en un 80 por ciento, una decisión que ha calificado de «voluntarista».

Para asegurar que las comunidades cumplirán el objetivo determinado para este año, sobre todo viendo los malos datos de regiones como Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Baleares y Andalucía, Beteta ha explicado que estas cinco autonomías serán sometidas a una «monitorización» a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que permita tener un «conocimiento exhaustivo de la tesorería y los pagos de las comunidades».

«Sólo se va a poder gastar aquello que se tiene y sólo se va a poder tener aquello que se puede pagar», ha subrayado. De todas formas, ha hecho hincapié en que el Estado «no debe, ni puede ni quiere» meterse en los gastos internos de las comunidades ni en cómo diseñan sus presupuestos para reducir el déficit, ya que «lo que interesa es el saldo final, que cumplan el objetivo» y eso es lo que le van a exigir a todas las autonomías. «El cómo consiguen el cumplimiento de ese objetivo es responsabilidad de los gobiernos autonómicos», ha aseverado.

Respeto a los estatutos

Beteta ha dicho entender que pueda haber quejas por el gasto que realiza la Generalitat de Cataluña en sus partidas para la «construcción nacional», pero ha dejado claro que «no se puede alterar el reparto competencial que existe entre comunidades autónomas y Gobierno».

«Hay que tener un respeto a los Estatutos de Autonomía, pero también está el artículo 135 de la Constitución y las comunidades tienen que cumplir con la estabilidad presupuestaria», ha zanjado.

En cualquier caso, ha asegurado que el montante que se destina a partidas en defensa del soberanismo catalán son «cantidades muy pequeñas», un volumen financiero «absolutamente ínfimo» porque se trata de «milésimas, no de centésimas». «El problema es cómo lo perciben los ciudadanos porque cuando se está haciendo un esfuerzo de todos no se entiende este tipo de asuntos», ha destacado.

En cuanto a la próxima negociación del cupo vasco, el secretario de Estado ha explicado que el Ejecutivo y la comunidad autónoma han de acordar primero la liquidación del quinquenio anterior, ya que los anteriores gobiernos, pese a ser ambos socialistas, no fueron capaces de concretarla.

Una vez llegado a ese punto, ha señalado Beteta, «va a ser muy fácil ponerse de acuerdo» en el siguiente quinquenio. Según ha indicado, «si es posible» al Gobierno le gustaría alcanzar un acuerdo antes de la aprobación del próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en septiembre.