A man closes his shop next to garbage strewn on the pavement on the ninth day of an indefinite strike by street cleaners in Madrid November 14, 2013. Spain's labour unions called for an indefinite strike in Spain's capital last Tuesday for the street cleaning and park maintenance sectors in protest against announced layoffs that could affect over a thousand municipal workers, according to local media. REUTERS/Juan Medina (SPAIN - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT CIVIL UNREST SOCIETY ENVIRONMENT POLITICS) SPAIN-GAR | JUAN MEDINA

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La huelga de limpieza viaria y de jardinería en Madrid deja un balance en su décimo día de 18 detenidos, 249 identificados, 27 denunciados, 12 coches particulares y siete vehículos de empresa dañados y aproximadamente 125 contenedores y papeleras deteriorados o quemados, informaron ayer fuentes policiales.

Entre los actos vandálicos de la jornada destaca el intento de quemar unos contenedores, el pinchado de una rueda de un camión en el distrito de Salamanca y la quema de un contenedor con daños a una fachada próxima en el distrito de Moncloa. El miércoles hasta las 20 horas la Policía Nacional apresó a una persona por coacciones y agresión e identificó a otras seis en el distrito de Salamanca.

Se acaba la paciencia

Asimismo, la ciudadanía ya no puede disimular su indignación ante la situación. Cochina, guarra, horrorosa, sucia, deplorable, fatal, asquerosa, terrible, vergonzosa y desastrosa: son las palabras que más se escuchan en Madrid un día después del ultimátum del Ayuntamiento, que muchos ciudadanos consideran que llega «tarde».

Por otra parte, el Ayuntamiento podría encargar los servicios mínimos de la huelga de limpieza de Madrid a otra empresa sólo si el paro se declara ilegal o una entidad pública certifica riesgo para la salud, asegura la mayoría de los expertos en derecho laboral consultados, aunque hay discrepancias.

La opinión del abogado de Garrigues y catedrático de Derecho del Trabajo Federico Durán es que el Ayuntamiento tiene derecho a poner a otra empresa a cumplir los servicios mínimos aunque la huelga no sea ilegal ni haya una alerta sanitaria. Así, considera que el derecho de los huelguistas es afectar el trabajo de su propia empresa, pero no que un servicio público no se preste.

De este modo, cree que sería ilegal que las concesionarias del servicio (OHL-Ascan, FCC-Servicios Ciudadanos, y Sacyr) contratasen a otros trabajadores en sustitución de los que se movilizan, pero no que la administración garantice la prestación del servicio público. En todo caso, admite que hay mucha «confusión».