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La Audiencia Nacional ha acotado la investigación de las participaciones preferentes a la cúpula de las cajas de ahorros que conformaron el grupo BFA-Bankia que idearon estos productos, dejando fuera tanto a las personas jurídicas como a los empleados que las vendieron.

En dos autos, la sección tercera de la sala de lo penal inadmite parcialmente la querella que presentó UPyD por la comercialización de preferentes, que además de varios exdirectivos de las cajas iba dirigida contra Bankia, BFA y Caja Madrid Finance Preferred como personas jurídicas, cuyos recursos admite íntegramente.

Los magistrados también expulsan de la investigación el case de operaciones, ya que entienden que no consta que exista un plan preconcebido para beneficiar de forma individual a unos clientes en perjuicio de otros, y explican que los afectados por esta forma de actuar deberán acudir a la vía civil contra la entidad emisora.

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El pasado jueves, esta misma sala ya admitió parcialmente la querella de un particular y avaló que el juez Fernando Andreu investigara al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otros exconsejeros de la entidad, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, por «planificar» la emisión de preferentes para capitalizarla.

Ahora, en estos dos autos vuelve a insistir en que la investigación se debe centrar en las personas que formaban las cúpulas directivas, sin perjuicio de que los afectados puedan entender que algún empleado de esas entidades se extralimitó, en cuyo caso les precisa que deberán ejercitar sus acciones en el ámbito de la jurisdicción provincial.

La Audiencia Nacional recuerda que es «evidente la necesidad de investigar si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera» el deterioro patrimonial de Bankia, las cajas «utilizaron la emisión de deuda subordinada y/o participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia» en la que se encontraban, especialmente Caja Madrid y Bancaja.