Aunque este asunto está vinculado al Sistema Nacional de Salud, el peso de la reforma ha recaído sobre Justicia y sobre su titular, Alberto Ruíz Gallardón, que ya anunció poco después de acceder al puesto que tocaría la normativa vigente, un sistema de plazos con aborto libre en las primeras 14 semanas, para «ajustarla» a la doctrina del Tribunal Constitucional en relación a los derechos del no nacido.
Precisamente, el Alto Tribunal tiene aún sobre la mesa un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa vigente impulsado por 50 diputados del Partido Popular en la pasada legislatura, pero a juicio de Gallardón, no es necesaria una nueva resolución, porque este organismo ya se pronunció cuando en 1985 dictó sentencia imponiendo la necesidad de armonizar los derechos del no nacido con los de la gestante.
Ese será, según ha ido desgranando el ministro, el eje de la reforma -que no nueva ley, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press-, porque en su opinión, el texto de 2010 obvió los derechos del nasciturus en aras de proteger los intereses de la gestante.
«Quiero recordar que el Tribunal Constitucional, cuando estudió y falló sobre la primitiva ley, algunos de cuyos puntos fueron declarados inconstitucionales y modificados por el legislador socialista, estableció unos principios, y esos principios son que el concebido es susceptible de protección jurídica (...) No es menos cierto que no dijo en ningún momento que pudiera ser objeto de desprotección y, por lo tanto, objeto de despenalización», apuntó en junio del año pasado.
Esta misma semana ha recordado este asunto ante el Pleno del Senado, donde además, dijo que eliminaría otras cuestiones que «no gustan» en el Gobierno, entre los que destacó que las menores de 16 años puedan abortar sin conocimiento ni consentimiento paterno.
Este fue uno de los aspectos más controvertidos de la legislación socialista. Aunque en la redacción final de la ley se moderó de forma que al menos uno de los progenitores o tutores de la menor tuvieran que saberlo salvo que ella alegase que esto le produciría «un conflicto grave manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar», entre otros casos, Gallardón considera que fue «un fallo» recoger esta posibilidad en la normativa.
Sin embargo, tampoco «gustan» en el PP otros aspectos de la ley sobre los que el ministro no ha concretado detalles, como la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, la información que reciben las mujeres cuando solicitan el aborto --un diputado de UPN ha pedido que se les mostrase una ecografía-- o la perspectiva de género en la enseñanza sanitaria y afectivo sexual, aspectos todos que figuraban en el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados.
DE PLAZOS A SUPUESTOS
Otro de los temas sobre los que ha dado 'pistas' el ministro es la probable reforma del sistema de plazos. En la actualidad, cualquier mujer puede abortar en las primeras catorce semanas de gestación sin dar explicaciones y tiene derecho a hacerlo en el sistema público de salud.
Si existe «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada», riesgo de «graves anomalías en el feto» o anomalías en el mismo así lo avale un dictamen médico, el plazo podrá alargarse hasta la semana 22. No hay límite temporal si se detectan anomalías fetales «incompatibles con la vida» o «cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable» y lo certifique un comité clínico.
Gallardón anunció en su día que su sistema se parecería más al de supuestos que contemplaba la Ley del Aborto vigente en España hasta el año 2010, y que restringía la posibilidad de interrumpir la gestación a tres casos: «evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada», que el embarazo sea consecuencia de una violación y no hayan pasado 12 semanas y que «se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas» en las primeras 22 semanas.
El ministro también se ha pronunciado sobre la particularidad de los abortos en estos casos de problemas fetales para concretar que la nueva legislación se ceñirá a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en abril de 2008 y que está siendo incorporada al ordenamiento jurídico español, con medidas como el texto refundido de la Ley General de Discapacidad.
El acuerdo compromete a los Estados firmantes a adoptar «todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo» del derecho a la vida de las personas con discapacidad «en igualdad de condiciones con las demás». Por eso, la ONU recomendó a España en octubre de 2011 que suprimiese la distinción de plazos para abortar en los casos de discapacidad, al entender discriminatoria para el colectivo la falta de límites en caso de «enfermedad extremadamente grave e incurable».
Otra de las novedades en las que ha hecho hincapié el titular de Justicia en los últimos meses es la despenalización absoluta del aborto. La Ley de 1980 penaba con cárcel esta práctica fuera de los supuestos amparados en la normativa. En 2010 el aborto salió del Código Penal, pero se mantuvieron sanciones de multa para las infractoras. En la nueva ley, conforme ha garantizado Gallardón, «no se establecerá ningún reproche penal» para las mujeres ya que en su opinión, nunca son culpables, sino que «son víctimas del aborto».
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