Felipe VI decide auditar las cuentas de la Casa y aprobar un código de conducta

Sus integrantes sólo podrán desempeñar a partir de ahora sus tareas institucionales de forma exclusiva y los de la «Familia del Rey», como las dos hermanas de Felipe VI, no percibirán retribución alguna y sólo podrán asistir a actos institucionales de manera excepcional.

Por otro lado, según ha informado fuentes de la institución, la Casa del Rey contará con asesoría jurídica permanente de la Abogacía del Estado y también de la Secretaría de Estado de Comercio, en este caso para promocionar los intereses económicos españoles.

Cuando sólo ha pasado un mes y nueve días desde la proclamación del Monarca, don Felipe ha tomado una serie de decisiones que la Casa del Rey presenta como coherentes con la voluntad de transparencia anunciada en su discurso ante las Cortes, así como con la nueva composición de la Familia Real.

Estará conformada por don Felipe y doña Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía, la Princesa de Asturias y la infanta Leonor, ninguno de los cuales podrá ejercer otra actividad que no sea la institucional, algo que sí ocurría antes con las infantas Elena y Cristina, ambas con trabajos remunerados que todavía mantienen.

A partir de ahora, las hermanas del Rey formarán parte de la Familia del Rey, sin actividad institucional ni remuneración de la Casa, ni siquiera cuando excepcionalmente puedan acudir a actos de este tipo.

Los miembros de la Familia Real presidirán los actos públicos por encargo de don Felipe o por decisión del Gobierno y cobrarán por ello.

Las fuentes han hecho hincapié en que don Felipe habló de «renovación» en su discurso de proclamación y en consonancia con esta promesa está adoptando unas primeras decisiones que van por ese camino, con medidas que introducen criterios de conducta y van a «clarificar» las actividades de la Familia Real.

«La Casa va a ser más permeable, va a estar más abierta a la sociedad, va a pedir opiniones a instituciones, expertos...» han explicado.

Estas medidas promovidas por el jefe del Estado no vienen exigidas por la Ley de Transparencia y se aplicarán por decisión del Rey, aunque en algún aspecto pueden coincidir con esta norma, como es el caso del nuevo código de conducta para quienes formen parte de la Casa.

El Rey quiere que este código, con principios de buen gobierno semejantes a los que existen en normas semejantes para entidades públicas, esté aprobado antes de final de año.

Del mismo modo pretende que antes del 31 de diciembre se firmen tres convenios de Colaboración con la Intervención General del Estado, la Abogacía General del Estado y la Secretaría de Estado de Comercio.

El primero permitirá que las cuentas de la Casa del Rey sean sometidas anualmente a una auditoría externa, que se dará a conocer junto al informe anual de cuentas y la memoria de actividades. La primera fiscalización comprenderá el ejercicio del año 2015.

Con la Abogacía General del Estado el convenio permitirá a la institución contar con un asesoramiento jurídico «ordinario y permanente», acomodándose así al sistema que siguen los organismos públicos y siempre preservando la independencia del criterio jurídico, sin seguir instrucciones del Gobierno.

El tercer convenio permitirá a la Casa disponer de una asesoría también permanente y especializada en la misión de la Jefatura del Estado de promoción de los intereses económicos españoles, principalmente en el exterior, algo que hasta ahora se ha hecho pero sin contar con una infraestructura de carácter permanente.