Las mismas fuentes señalaron que las actividades descritas por la UE podrían ser competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de delitos cometidos por españoles en el extranjero.
Obligaciones
El informe de la OLAF insta a la Justicia española y a la británica a actuar en este asunto tras advertir de que «hay motivos para creer que se han cometido delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que afectan a los intereses financieros, o de otra índole, de la Unión Europea».
En febrero pasado esta oficina ya advirtió de que estaba investigando el «aumento significativo» del contrabando de cigarrillos que se había venido produciendo en los últimos años en el sur de España, al tiempo que pidió información sobre estas prácticas a las autoridades de Gibraltar.
De su lado el ministro de Asuntos Exteriores,José Manuel García Margallo, subrayó ayer que, para España, la lucha contra el contrabando de tabaco en Gibraltar «no es una opción, es un deber, una obligación que se cumplirá mejor si hay colaboración por parte del Reino Unido».
El jefe de la diplomacia española se mostró dispuesto a abordar, además de la problemática sobre el contrabando, otro «contencioso pendiente», como la distorsión que provoca el régimen fiscal del Peñón, con un impuesto de sociedades del 10 %, un tratamiento fiscal del juego más bajo que el de España y Reino Unido, y un modelo que «facilita enormemente la ocultación de los titulares de sociedades».
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