La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha aprobado este martes por unanimidad la petición de comparecencia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para que dé explicaciones sobre el patrimonio oculto que confesó tener.
La petición ha prosperado con los votos afirmativos de los siete grupos con representación parlamentaria: CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, C's y la CUP, que ya habían anticipado que apoyarían la petición de comparecencia del expresidente.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ya le ha comunicado a Pujol por carta la decisión de la Cámara y le ha pedido que acuda «lo antes posible», algo que el expresidente aún no ha aclarado si piensa hacer.
También los grupos han esgrimido que el expresidente debería comparecer de forma inmediata y PP y C's han insistido en que impulsarán una comisión de investigación al margen de las eventuales explicaciones que pueda dar Pujol.
En su intervención ante la comisión, el líder de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha expuesto que los catalanes quedaron «impactados» por confesión del expresidente, por lo que ahora, más allá del comunicado que mandó a finales de julio, tiene que dar explicaciones públicas ante la Cámara que le eligió seis veces presidente.
Mientras grupos como ICV-EUiA, C's y la CUP han sostenido que la confesión de Pujol es sólo la punta del iceberg de un caso de irregularidades que afectan también --a su juicio-- a CiU y la Generalitat, Turull ha defendido que se trata de algo del «ámbito privado» del expresidente, quien ya no tiene responsabilidades públicas desde hace más de 10 años, ha expuesto.
El presidente de C's, Albert Rivera, es uno de los que ha sostenido que el caso tiene un alcance mayor al de la propia familia Pujol: «No tenemos un ladrón, tenemos una banda. Millet --el expresidente del Palau de la Música-- no era el capo, era un comisionista. Nosotros queremos que venga el capo que era Pujol».
QUE ATIENDA PREGUNTAS
También ha evocado a Millet el portavoz del PP en la Cámara, Enric Millo, para avisar de que no aceptarán que Pujol acuda al Parlament y no responda las preguntas de los diputados, como pasó con el expresidente del Palau: «Los catalanes no podrían soportar que este caso pase sin que se pueda conocer cuál es su alcance y los auténticos responsables».
La portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha expuesto que la gravedad del caso radica en que la actuación de Pujol puede tratarse de un «expolio sistemático y continuo de las arcas de la Generalitat», y ha dicho que debería acudir por su propia dignidad y por la del Parlament.
La diputada de ERC Gemma Calvet le ha advertido al expresidente catalán de que ir a la Cámara sería «un gesto de mínimo coraje» después de que su confesión haya generado desconcierto, sorpresa, indignación, frustración y gran decepción entre los catalanes.
La diputada del PSC Marina Geli, que volvía a esta comisión después de que el PSC le levantara la suspensión de sus funciones por desmarcarse de una votación meses atrás, ha expuesto que el expresidente debe comparecer «para salvar el honor de las instituciones, por la credibilidad de la Presidencia de la Generalitat, y para devolver el crédito a la política».
El diputado de la CUP Quim Arrufat ha dicho que «es imposible que nadie más conociera el fraude fiscal», por lo que ha considerado que el caso Pujol es una demostración de que la corrupción está instalada en el sistema institucional y que hay que abordarla en su conjunto, no sólo en el caso del expresidente.
REPROCHES POR CAMACHO
Turull ha criticado al PP por pedir la comparecencia de Pujol cuando, en su día, la líder popular Alícia Sánchez-Camacho rechazó comparecer por la presunta trama de espionaje político que tenía como epicentro a Método 3: «Se tiene que tener coraje para exigir comparecencias por parte de aquellos que han hecho ostentación del desprecio a esta institución cuando se les ha pedido que comparezcan y no lo han hecho».
En declaraciones a los periodistas tras la votación, Millo ha expuesto que el PP fue «el único partido» que pidió una comisión de investigación por el espionaje político, comisión que rechazaron CiU y ERC, y ha asegurado que en esa trama Camacho fue la víctima.
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