Se trata del benjamín de la familia, Oleguer Pujol, detenido temporalmente, durante el registro esta mañana de sus viviendas en Madrid y Barcelona y de sus oficinas en la capital de España, en la Ciudad Condal, en Valencia y Melilla. Por la tarde ha quedado en libertad con cargos tras negarse a declarar.
El juez Santiago Pedraz, que ha ordenado la detención y el registro, investiga siete operaciones inmobiliarias relacionadas con el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Oleguer esta presente en la causa abierta por Pedraz a principios de octubre por la compra de un hotel en Canarias y en la que también ha sido detenido su socio, Luis Iglesias.
Jordi, el primogénito de los Pujol Ferrusola, está también imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal al igual que su exmujer, Mercé Gironés.
El 15 de septiembre de 2014 declaró ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en relación con una serie de movimientos de divisas durante ocho años (2004-2012) en trece países por 32 millones.
Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia de su expareja, Victoria Álvarez, en enero de 2013 por las que declaraba que ambos había hecho viajes a Andorra con mochilas repletas de billetes durante varios años.
El tercero de los imputados es Oriol Pujol, y lo es por su presunta implicación en la trama de las concesiones de las ITV, desde marzo de 2013.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña halló indicios de que pudo adjudicar un lote de estaciones vulnerando el derecho a la libre concurrencia pública.
Militante de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), donde ha mantenido cargos de responsabilidad, en julio pasado dejó su acta de diputado por CiU en el Parlament y abandonó la secretaría general de CDC que desempeñaba desde 2012.
Las imputaciones de los tres hijos han coincidido con el reconocimiento por parte del expresidente catalán de que mantuvo cuentas sin regularizar en el exterior procedentes de una herencia, lo que motivó su comparecencia en el Parlament el 26 de septiembre.
El pasado 9 de octubre, la Audiencia de Barcelona rechazó archivar la investigación abierta sobre la fortuna oculta por el expresidente de la Generalitat al entender que de su carta de confesión se desprenden «indicios de haberse cometido, cuanto menos, un delito contra la Hacienda Pública».
Al margen de los tres hermanos imputados, los cuatro restantes (Josep, Pere, Marta y Mireia) tiene interpuestas varias querellas al igual que sus padres, en juzgados de Madrid y Barcelona.
Josep Pujol fue fundador y consejero de EuroPraxis Consulting Holding, que ejecutó trabajos de adjudicaciones públicas para la Generalitat.
Con posterioridad vendió su empresa a la compañía de comunicaciones Indra por 44 millones de euros, empresa que un año después consiguió adjudicaciones de la Generalitat por un valor de 60 millones de euros.
Otra de sus empresas, Tourism and Leisure, se vio involucrada en una investigación de un juzgado de Barcelona en 2002 por la realización de varios estudios para el Consorcio de Turismo de Cataluña por un valor de 124.109 euros.
Pere Pujol, ingeniero agrónomo, trabajó en la empresa Entorn que se benefició de adjudicaciones de la Generalitat.
Junto a su madre y sus hermanas Marta y Mireia, abrieron cuentas en diciembre de 2010 en el BPA (Banca Privada de Andorra) tras cancelar otras en el Banco Andbank, también en el Principado.
En su cuenta del BPA, Pere operó en euros, dólares y yenes japoneses sin hacer ningún reintegro en efectivo, hasta que en julio de 2014 transfirió 701.341 euros al Banco de Madrid.
Marta Pujol, es arquitecta de profesión y en 1999, el PSC registró en el Parlament de Cataluña varias preguntas sobre los siete encargos recibidos por ella correspondientes a cuatro departamentos de la Generalitat por un total de 120 millones de euros.
Mireia, fisioterapeuta de profesión, pidió el pasado 25 de septiembre la baja de Convergencia Democrática de Cataluña por las críticas de este partido a su padre, después de que este reconociera que había guardado fondos irregulares en el extranjero.
Mireia, Marta, Pere y Oleguer regularizaron el pasado 14 de julio sus fondos en Andorra.
Ella declaró 1.116.890,76 euros en una cuenta de la entidad andorrana BPA y ya ha pagado a Hacienda 478.225,08 euros por la regularización de los fondos.
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