El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado hoy prisión incondicional sin fianza para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y para uno de los supuestos cabecillas y «conseguidor» de contratos públicos de la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca.
Velasco también ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, para el que la fiscal anticorrupción Carmen García había pedido, igual que para los otros dos, prisión incondicional.
Según el auto de prisión, el presidente de la Diputación de León habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro «a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León».
Además, Martínez «tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude».
A Alejandro de Pedro Llorca, el juez le sitúa como «cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo» al de David Marjaliza, otro «conseguidor» de la red y socio del considerado cabecilla de la trama el exconsejero y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, ambos pendientes de ser puestos a disposición judicial.
Según el auto, ha quedado acreditado que De Pedro «presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto».
Estos trabajos le abrirían además «la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid».
En cuanto a José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, el juez destaca que esta empresa ha sido «históricamente» adjudicataria «de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid, así como con empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia».
Observa Velasco que desde 2004 a 2013 uno de sus principales clientes ha sido el Ayuntamiento de Valdemoro, del que Granados fue regidor (1999-2003) y cuyo alcalde actual José Carlos Boza Lechuga, se encuentra también entre los detenidos de la operación Púnica a los que el juez aún no ha tomado declaración.
Explica además que Huerta hizo también contratos de eventos para empresas públicas regionales como el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, Instituto Madrileños de Desarrollo y la Fundación Arpegio.
Estos contratos se formalizaron cuando Granados ocupada «cargos de relevancia» en la Comunidad de Madrid y que «le conferían la condición de administrador de estas sociedades públicas y por lo tanto la capacidad de influir sobre los contratos dimanantes de dichas empresas públicas».
Waiter Music, prosigue el auto, «también tiene contratación durante varios ejercicios con diversos municipios en los que a lo largo de la investigación se han arrojado evidencias de la irregularidad de su contratación administrativa"
Por el momento, han ido a prisión los tres primeros detenidos en declarar hoy ante el juez, que a lo largo de esta jornada tiene previsto interrogar a los últimos 17 detenidos que quedaban por ser puestos a disposición judicial, entre los que se encuentran los presuntos cabecillas de la trama.
Además de para estos tres, la Fiscalía Anticorrupción prevé pedir hoy prisión incondicional para Granados y otros supuestos cerebros de la trama de corrupción, entre ellos Marjaliza, debido a su mayor implicación en los hechos.
Por otra parte, los alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas, y de Parla, José María Fraile (PSOE), quien hoy mismo ha renunciado a su cargo de regidor y ha sido expulsado del Partido Socialista de Madrid (PSM), han quedado hoy en libertad tras pagar las fianzas de 60.000 euros que les impuso ayer a cada uno el juez Velasco para poder eludir la cárcel.
También ha sido excarcelado Antonio Cándido Ruiz García, administrador y socio de empresas vinculadas al empresario David Marjaliza tras depositar una fianza de 25.000 euros.
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