Los socialistas, junto con el resto de grupos de la oposición, ya pidieron a mediados de octubre tanto la comparecencia del Ejecutivo, como de la ministra de Sanidad, Ana Mato, por este asunto; solicitudes que fueron rechazadas por el Grupo Popular.
Así, de nuevo este miércoles ha presentado una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso, para explicar la gestión de la crisis del ébola y dar cuenta de la investigación oficial que el Gobierno ha debido realizar.
«Hoy está previsto proceder al alta hospitalaria de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada por el virus ébola, lo cual es un motivo de alegría colectiva de la que participa el Grupo Socialista», ha celebrado el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos.
A su juicio, es ahora «imprescindible» la comparecencia del presidente del Gobierno para explicar todos los extremos de la crisis de salud pública por el virus de ébola y hacer público el contenido de la investigación oficial que el Gobierno ha debido realizar».
Una gestión deficiente
Es más, Martínez Olmos lamenta «la deficiente gestión» de la crisis desde el ámbito de competencias del Ministerio de Sanidad, un aspecto que motivó en su opinión «la necesidad de crear un comité de crisis y un comité científico», tal y como propuso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
«Supuso una clara desautorización a la ministra de Sanidad ante su incuestionable incapacidad para gestionar con solvencia una situación que estaba generando una gran alarma y preocupación tanto en España como en la comunidad internacional», agrega.
Según recuerda, el comité de crisis tenía, entra otras, la obligación de realizar una investigación oficial para determinar todos los extremos que acontecieron en el proceso que se inició con la repatriación de los dos cooperantes en el mes de agosto y la infección por el virus ébola a la auxiliar de enfermería Teresa Romero y el seguimiento sanitario de los contactos de esta profesional infectada.
«Dicha investigación oficial es estrictamente necesaria para conocer los potenciales fallos que pudieran haberse cometido y la exigencia de responsabilidades políticas. También, es necesaria para la eventual intervención del poder judicial en este proceso, para determinar las posibles responsabilidades administrativas o penales», advierte el portavoz socialista.
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