Marta Pujol ha admitido hoy que entre 1988 y 1997, cuando su padre Jordi Pujol era presidente de Cataluña, encadenó doce encargos de la Generalitat para impulsar proyectos como arquitecta, de los que sólo uno, el último, fue a través de un concurso, aunque en un proceso restringido.
En su comparecencia en la comisión del Parlament que investiga la fortuna que la familia Pujol Ferrusola mantuvo oculta durante años en el extranjero, Marta Pujol ha admitido además que compaginó estos encargos del Gobierno catalán con su labor como arquitecta de los ayuntamientos de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) y Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), donde su plaza tampoco fue objeto de concurso público.
Marta Pujol ha asegurado que en todos los casos en los que ha sido contratada por las administraciones públicas ha hecho todo el trabajo encomendado, por lo que considera que, ahora que se pone en duda su contrato en Sant Vicenç de Montalt, es más una «víctima» que una «beneficiaria».
La hija del expresidente ha explicado también que ella y sus hermanos sopesaron acogerse a la última amnistía fiscal del Gobierno central para regularizar su patrimonio oculto en Andorra, pero finalmente declinaron esta opción porque tuvieron «miedo» de que se filtrara su identidad.
«Tuvimos dudas de que se nos guardara el anonimato como prevé la ley», ha expuesto en su comparecencia en la comisión de investigación del fraude y la corrupción que se celebra en el Parlament y que, entre otras cuestiones, pone el foco en el polémico legado de los Pujol en Andorra.
«Tuvimos miedo porque no nos daba garantía de nada», ha concluido Marta Pujol, explicando que la familia declinó esta vía para regularizar el dinero, que finalmente acabó regularizando fuera del plazo de esa amnistía.
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