Santamaría justifica la Ley de Seguridad Nacional ante la «peligrosidad» de nuevas amenazas

«Nuestro país no es ajeno a todas las amenazas y algunas nos han dado muy de cerca como el terrorismo. Ahora es el terrorismo yihadista, que supone un riesgo de gran magnitud ante el que debemos responder con todos nuestros medios. Es un terrorismo transnacional y esto pone de manifiesto la necesidad de que los Estados cooperen para hacer frente a estas amenazas», ha afirmado Sáenz de Santamaría en el debate en el Congreso de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Seguridad Nacional.

La vicepresidenta ha hecho hincapié en que el terrorismo yihadista es una amenaza «real y crítica» y está «muy lejos» de ser un mero «contexto discursivo», como ha asegurado que defiende alguna de las enmiendas presentadas.

Responder a la «barbarie»

Según la número dos del Ejecutivo, la Ley de Seguridad Nacional supone «una oportunidad» para el acuerdo de los demócratas «frente a la barbarie» y ante «cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos y libertades». En este sentido, ha puesto en valor el pacto contra el terrorismo yihadista que firmaron el Gobierno y el PSOE el pasado mes de febrero.

La vicepresidenta ha dejado claro que «todos los gobiernos deben ser capaces de ofrecer respuestas integrales» contra estas amenazas, «evitando duplicidad de esfuerzos, optimizando sus capacidades y respondiendo a objetivos comunes», objetivos que, según ha asegurado, cumple esta Ley de Seguridad Nacional frente a las acusaciones de la oposición de que la verdadera intención es recentralizar los recursos e invadir competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Sobre esto y otros asuntos han versado las enmiendas a la totalidad que han presentado la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el grupo de Convergéncia y Unió, el PNV y ERC para pedir la devolución del proyecto al Gobierno.

Según el Ejecutivo, esta ley servirá para cubrir el vacío que se da ante situaciones en las que no se considera necesario decretar el estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio y que pasarán a denominarse «situaciones de interés para la seguridad nacional», aquellas que se producen cuando es necesario el uso de más medios y coordinación a los habituales.

Sin embargo, este es uno de los argumentos que más ha criticado la oposición en sus enmiendas a la totalidad, ya que consideran dicho concepto «ambiguo» e «impreciso» mediante el cual el Gobierno aprovechará para invadir competencias.

«Suspender poderes de la Generalitat»

El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha acusado directamente al Ejecutivo de pretender con este texto «suspender 'de facto' poderes de la Generalitat y de los municipios catalanes a dos meses de una posible victoria del soberanismo» en las elecciones catalanas anunciadas para el 27 de septiembre.

«Se inventan una situación de excepcionalidad para que puedan disponer bajo su mando de todos los recursos materiales y humanos. *Acaso creen que retorciendo el Estado de Derecho van a resolver los problemas que plantea la Historia? *Hasta dónde quieren llegar para derrotar, vulnerar principios democráticos que todos compartimos? Esta ley es un traje a medida para actuar en los próximos meses en Cataluña», ha manifestado.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarria se ha lamentado de «cuántas fechorías se pueden cometer en nombre de la seguridad» y ha recriminado al Gobierno que, en su opinión, pretenda «cambiar la Constitución» a través de una ley ordinaria que pone medios autonómicos y locales a disposición del Estado en caso de crisis que requieran la utilización de dichos recursos.

En este mismo sentido se ha pronunciado el ponente de Convèrgencia Jordi XuclÃñ, quien ha explicado que, a pesar de que su partido comparte «los motivos que inspiran esta ley porque hoy existen amenazas que no existían hace años», considera que «una ley ordinaria no puede abordar una materia tan sensible» y que el texto está «lleno de conceptos jurídicos indeterminados».

«Tintes militaristas»

Por su lado, el diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha denunciado que el proyecto de Ley de Seguridad Nacional es «profundamente recentralizador», tiene «tintes militaristas» y va «en la línea del endurecimiento del Código Penal y de la 'Ley Mordaza'», recientemente aprobados.

Además, ha afirmado que «en España hay un claro peligro para la seguridad nacional», que es «el Partido Popular». «El PP es la amenaza más seria para la seguridad, que entendemos como libertad y bienestar de los ciudadanos», ha señalado, tras lo cual ha recordado al Gobierno que cuando se habla de los principales riesgos para la seguridad se debe «hacer memoria» y recordar la guerra de Irak, cuyas consecuencias «se pagaron caro» y la intervención en Libia en 2013, que «ha conllevado un Estado fallido y una verdadera fábrica de terrorismo».

La vicepresidenta del Gobierno ha rechazado todos los argumentos de la oposición y ha asegurado que la Ley de Seguridad Nacional tiene el objetivo de «coordinar» todos los medios de que dispone el Estado para hacer frente a las situaciones que se planteen.

«Tiene una visión integral. Hay una necesidad de coordinarnos. Estén tranquilos, no hay ninguna afectación de sus competencias. Se trata de que en una situación de crisis se pueda saber de qué medios dispone el Estado. ¿Eso es afectar a la autonomía? No, es dar información de lo que el país dispone para hacer frente a una crisis», ha subrayado.

Sáenz de Santamaría ha contestado a las acusaciones de TardÃñ que el debate de la Ley de Seguridad Nacional no tiene nada que ver con el proceso soberanista en Cataluña porque de lo que trata es de los «riesgos que tienen las democracias occidentales en el mundo» y las medidas que se pueden tomar para que «los ciudadanos se puedan sentir protegidos». «No convierta los debates grandes en debates locales», ha reclamado.

«Incertidumbres»

Los únicos grupos parlamentarios que no han presentado enmienda a la totalidad han sido el PSOE y UPyD, que comparten con el Gobierno la necesidad de una ley como esta, aunque han advertido de que presentarán enmiendas parciales para mejorar la redacción del texto.

El diputado socialista José Enrique Serrano se ha mostrado de acuerdo en la existencia de una norma que coordine «la actuación de los medios de que dispone un Estado para responder ante una crisis» y ha recordado a otros partidos que «la Constitución confiere al Gobierno central la defensa del Estado». Eso sí, ha recomendado modificar el texto para «despejar alguna incertidumbre», como la definición de las situaciones de interés para la seguridad nacional.

Rosa Díez, de UPyD, ha afirmado que «no hay ningún país serio que no tenga los medios para garantizar la seguridad de sus ciudadanos» y ha recordado que «el Estado somos todos», tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y ayuntamientos, además de los ciudadanos.

Pero, como Serrano, considera necesario modificar el proyecto de ley para definir mejor ciertos conceptos y también otorgar a las Cortes Generales un mayor control de la actuación del Gobierno en materia de seguridad.

A este respecto, la número dos del Ejecutivo se ha comprometido a estudiar las enmiendas parciales que se presenten al proyecto para mejorar su redacción. El plazo para registrar estas propuestas finaliza este miércoles.